La Paz, Baja California Sur. Integrantes de la asociación #desplastifícate, compuesta por diversas organizaciones, presentaron una demanda de amparo, ante el Poder Judicial de la Federación, en contra de las autoridades del Ayuntamiento de La Paz por el incumplimiento de sus obligaciones respecto a lo que establece la conocida como “ley de desplastificación” en Baja California Sur (BCS).

La reforma, que tenía como objetivo la reducción progresiva hasta la eliminación de plásticos de un solo uso, como bolsas, popotes y contenedores de unicel, es letra muerta en el estado. Las organizaciones que se ampararon piden al Cabildo de La Paz la emisión y publicación de su programa municipal en materia de eliminación de plásticos de un solo uso, así como apoyo y guía a los comercios para que puedan hacer la transición hacia la eliminación de estos productos sin afectar sus actividades.

Así también, se señala la falta de inspección y vigilancia a los establecimientos comerciales del municipio por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, al igual que la Dirección de Ecología, Educación y Gestión Ambiental.

“Nos preocupa que el incumplimiento de la ley […] pueda causar afectaciones a los comerciantes, ya que, al seguir utilizando bolsas plásticas y contenedores de unicel en sus actividades, queden sujetos a multas y sanciones”, expresó Mayra Gutiérrez, directora de la asociación Ponguingiola, que coordina la alianza #desplastifícate.

No obstante, admitió, que la ley carece de mecanismos para su aplicación, pues “es responsabilidad de las autoridades municipales proporcionar la información y orientación a comercios para evitar que esto suceda. Desafortunadamente, no ha habido la voluntad necesaria de los ayuntamientos para apoyar a los comerciantes a desplastificar sus negocios”.

La activista recordó que la reforma al marco legal sobre los residuos plásticos surgió como una necesidad para reducir una forma de contaminación que impacta la fauna marina y su hábitat. Citó información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que indica que cada año mueren 100 mil mamíferos marinos a causa de nuestra basura desechable.

Mientras se implementa, hoy en día, sólo gracias a una cultura ciudadana, la práctica de estas regulaciones no están teniendo todo el impacto programado. La reforma de ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente indicaba un plazo transitorio para la implementación en toda la geografía estatal. En un estado como Baja California Sur (BCS), que depende en gran parte de los ecosistemas marinos para su desarrollo, Mayra Gutiérrez estimó que se corre un riesgo de degradación.