Quizás con justa razón, y basados en la serie de pifias, descuidos y omisiones cometidos por las y los diputados, la sociedad en general ha coincidido en que la  XV legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur que inició el 1 de septiembre de 2018 y concluirá su periodo el 31 de agosto de 2021, ha sido la peor.

Y no es para menos, cuando bajo el amparo de la impunidad y el fuero, y al no existir un marco legal que conlleve a investigarlos y aplicar las sanciones correspondientes, y que –inclusive-- permita que sean desaforados y procesados, se sintieron siempre intocables para proceder y en su caso hasta para desviar recursos públicos y utilizarlos para fines personales.

Efectivamente, fueron contados aquellos o aquellas legisladoras que optaron por mantenerse al margen de en esa serie de corruptelas que se fraguaron al interior y que lamentablemente se fueron a extramuros para finalmente ser captados por la opinión pública y enterarse de la red de perversidades que son capaces de  tejer en la obscuridad quienes antes demandaron la confianza del pueblo jurando fidelidad.

Hoy, a unos días de que abandonen sus curules, si tienen dignidad, deben sentir pena por sus perniciosas acciones cometidas, a sabiendas de que allá, dejaron sellada la tapadera de una pestilente cloaca,  desde donde aún sale una insoportable fetidez que tiene que ver con oscuros y sospechosos movimientos económicos que de cualquier manera, --quiérase o no-- lesionaron al pueblo.

Repito, son contados los diputados y las diputadas que optaron por no mancharse sus manos con esas turbias aguas que cotidianamente corrieron escaleras abajo en esa que debe ser sede de independencia, autonomía,  libertad,  democracia, y soberanía. Por tanto, gran orgullo para quienes llegan allí.

Pero desgraciadamente fue en esos turbulentos ríos de aguas negras donde muchos diputados y diputados prefirieron nadar, sin siquiera tomar en cuenta viejas sentencias como aquella de que:  no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Y además, sumidos en su arrogancia olvidaron también que: quien al cielo escupa, en la cara le cae.

Fue por eso que, aquellas y aquellos optaron por caminar por esos laberintos tenebrosos en donde justamente pudieron realizar  sus turbios manejos, provocando con sus actos lo que el pueblo supo después se trataba de dispendios y despilfarros,  hasta conflictos de intereses.

Y serían las notas periodistas las que en su momento acusarían algunos hechos: “durante el Ejercicio Fiscal de 2019, una tercera parte de los diputados locales utilizaron indebidamente el dinero del Congreso del Estado de Baja California Sur en la compra de boletos de avión, cargando a su “cédula de pasajes”, vuelos de placer y de negocios a distintos puntos de México y del extranjero a costillas de los sudcalifornianos”. Así lo describió una de las notas.

Otra más aclaró que: “el caso de la diputada del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), Perla Guadalupe Flores Leyva, es solamente la punta de icerberg de la corrupción, el despilfarro, el cinismo, el abuso de poder y la impunidad que impera desde el 28 de septiembre de 2018 en la XV Legislatura de Baja California Sur, auspiciada desde la Dirección de Finanzas y Administración del Poder Legislativo, y solapada por la Auditoría Superior del Estado, violentando los principios de la llamada 4T, vía por la que llegaron todos los diputados, a excepción del legislador del PAN, José Luis Perpuli Drew y los de Representación Proporcional, respecto de: “no mentir”, “no engañar” y “no robar”.

Fueron muchas más las notas periodísticas que se emitieron entonces para denunciar públicamente el despilfarro y el abuso que bajo el amparo de la impunidad cometieron aquellas y aquellos, donde también destaca esta: “Así, y como si se tratara de dinero propio, durante el Ejercicio Fiscal de 2019, los diputados compraron y pagaron ilícitamente vuelos de avión a familiares y amigos, tal y como lo demuestran oficios y facturas en poder de MetrópoliMx”.

Es más, en ese entonces, cubiertos por el velo de la hipocresía y tocando las puertas de la sorna, en tiempos de nostalgias y Coronavirus, pero guardando su sana distancia, hicieron escarnio hasta del Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, Conrado Mendoza Márquez.

Esto sería luego de que el 25 de septiembre de 2018  con bombo y platillo instalaron formalmente la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción de la XV Legislatura del Congreso del Estado, donde acusando un total descaro, ante la presencia de Conrado Mendoza, la diputada Marisela Pineda García señalaría  que el tema de transparencia habría de ser uno de los asuntos más importantes para esa legislatura, asegurando: “debemos asumir un compromiso muy real por parte de esta administración, que genere eficacia y eficiencia en el tema”. Y fue más allá al sentenciar que (los integrantes de esa Comisión  adquirirían el compromiso de impulsar leyes que permitan nada más y nada menos: “que en BCS haya un sistema de transparencia y anticorrupción a prueba de todo”. Qué ironía.

A su vez, sería la Diputada Lorenia Montaño Ruiz, en su calidad de Secretaria de la Comisión quien indicaría que la transparencia es una responsabilidad de todos, “de hacer las cosas en forma correcta” y que sea la transparencia lo que prevalezca en el trabajo diario del Poder Legislativo.

Y Montaño añadiría que quienes participaron en la Alianza Juntos Haremos Historia “hemos recalcado mucho que las cosas se hagan con transparencia”.   Y más aún, “que la transparencia prevalezca ante cualquier cosa  y que debe de ser de cada ciudadano, mostrando lo que nosotros estamos ejerciendo”. Precisó entonces  que los 21 diputados  llegaron a la XV Legislatura a trabajar en una misma dirección  por un Congreso transparente, por un gobierno sin corrupción, por un gobierno que no de vergüenza, que no engañe, que no robe, que en verdad sea transparente.