Karina Olivas y Fernanda Villarreal estarán hoy en el Congreso del Estado entregando su constancia como legisladoras de BCS
La Paz, Baja California Sur. Las diputadas electas por la vía judicial, del distrito XV Karina Olivas (PT) y del distrito V Fernanda Villarreal (Morena), presentaron en conferencia de prensa sus respectivas constancias de mayoría y aseguraron que el día hoy estarían suscribiéndose al libro de registro del Congreso del Estado, formalizando su camino hacia la XVII Legislatura.
En el encuentro con la prensa, Fernanda Villarreal afirmó que fue a través de un “análisis minucioso de la documentación” que entregaron sus adversarios políticos que notaron que las firmas del dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Rochín Álvarez, no eran de puño y letra; lo cual fue confirmado por medio de peritajes grafológicos conducidos y avalados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
“Era demasiado evidente darse cuenta cómo una firma y otra eran totalmente distintas”, expresó Fernanda Villarreal, quien fue seguida de Karina Olivas, quien dijo: “nos dimos cuenta porque conocemos muy bien los requisitos sustantivos para ser candidatas y candidatos por un partido político”.
El resultado de la elección, que daba como ganadores a Rigoberto Mares y a Armando Martínez, de la alianza del PAN, el PRI, el PRD y otros institutos políticos, quedó invalidado. Al respecto, el abogado Ramsés Puente, quien condujo los casos ante la instancia judicial, informó que la falsificación de firmas fue avalada por peritos grafológicos de la PGJE, quienes aplicaron pruebas científicas de laboratorio para determinar que las firmas no emanaron del puño del panista.
Ramsés Puente afirmó que durante el procedimiento las pruebas grafológicas no fueron contestadas por el líder del partido, quien era el tercero perjudicado en el caso. Informó que ahora los afectados por el fallo judicial tienen hasta el viernes para solicitar ante el Poder Judicial de la Federación un recurso de revisión al fallo del estatal. De ser así, sería la Sala Regional en Guadalajara quien determine si el TEE actuó en seguimiento a pruebas científicas válidas o se extralimitó en sus funciones al revocar el resultado de la elección.