San José del Cabo, Baja California Sur. El abogado Julio César Arriola, defensor de animales, sigue en busca de justicia para la perra Luna, quien fue enterrada viva por su propia dueña en diciembre de 2020. Compartió a Diario El Independiente que la imputada, después de haber sido vinculada a proceso, logró la suspensión del caso al pagar una multa de 1,250 pesos. 

"Es algo irracional, no es el mensaje que se le debe de estar dando a la sociedad [...] Cuando se ejerce el maltrato animal no es una afectación personal o económica, sino al interés público, y lo que se busca es evitar que esas conductas se repliquen y que las personas no reciban el mensaje equivocado por parte de la autoridad al estar conscientes de que no les va a pasar nada si llevan a cabo dichos actos. Se busca evitar la impunidad y que esas conductas se erradiquen y, finalmente, se busca que esta conducta sea castigada no reparando el daño", dijo César Arriola a este matutino.

Asimismo, subrayó que la muerte de Luna no puede tener un precio ni fijarse una cantidad "x" a consideración del juez para reparar el daño al interés público, por lo que los defensores de animales en la entidad se opusieron y siguen en contra de que la defensa de la imputada solicitara la suspensión del proceso. César Arriola explicó que, para la autoridad, al haber tenido Luna 10 años de edad, estaba "viejita" y prácticamente "ya no servía", lo que llevó a fijar la tarifa mencionada para dar carpetazo al asunto.

"La juez aprobó la solicitud para suspender el proceso por una cantidad de 1,250 y todavía estableció que se puede pagar en abonos de 200 mensuales, como si se tratara de una de esas tiendas donde pagas en abonos chiquitos, y luego de que termine, claro que puedo ir por otro animalito y hacer lo mismo, sin problema alguno, lo cual es una ofensa para el grupo de rescatistas, porque ni siquiera el Ministerio Público se opuso, al contrario, estuvo de acuerdo con la defensa de la imputada, y es lo que se nos hace muy extraño, ya que al principio estuvo muy insistente en que se castigara, por la presión que se llevó a cabo por los colectivos y la propia sociedad, pero ahora que se calmaron los ánimos ya estuvieron de acuerdo con la defensa del imputada", explicó el abogado.

En este sentido, señaló que el grupo de rescatistas se siente ofendido: por el hecho de que el Ministerio Público (MP) no se opuso en ningún momento a la propuesta de la defensa de la imputada; y ofende aún más, indicó, que la autoridad consintió la violación a los derechos fundamentales de la sociedad de Baja California Sur (BCS). Por tal motivo, puntualizó que aún busca justicia en este caso, por lo que promueve un juicio de amparo con el juez de distrito para que el poder judicial de la federación resuelva.

"La asociación de rescatistas de animales de Los Cabos no confía en el Tribunal de Justicia del Estado ni en los magistrados, por eso acudimos a la justicia federal, porque ellos sí son imparciales y tienen que resolver sin ningún interés político, porque con esa decisión tan burda que tomaron las autoridades del estado no queda firme una acción ejemplar y serán las autoridades federales quienes resuelvan de forma imparcial", dijo César Arriola a Diario El Independiente.

Para finalizar, el litigante señaló que la asociación de rescatistas de animales de Los Cabos espera que el juez federal revoque la ilegal, contradictoria e irrisoria resolución de la juez penal de San José del Cabo (SJC), que sin ningún razonamiento aceptó ponerle precio a la muerte de Luna.