La Paz, Baja California Sur. El joven Daniel Trasviña, quien vive con parálisis cerebral infantil, tuvo que llegar en silla de ruedas hasta las puertas del Ayuntamiento de La Paz para exigir que se reconociera la muerte de su madre por contagiarse de Covid-19 en las oficinas municipales. Pero fue sólo hasta que la denuncia circuló en medios de comunicación que las autoridades, mismas que habían negado durante meses la entrega de un acta para asentar que el contagio de su trabajadora se dio en horas laborales, asumieron la responsabilidad.

La madre de Daniel, Irene Trasvilla, se desempeñó como secretaria de despacho en la oficina del secretario particular del presidente Rubén Muñoz Álvarez. Ella se contagió de Covid-19 durante un brote que afectó a un número considerable de trabajadores. Los síntomas de Irene comenzaron el 15 de diciembre y el 24 de diciembre fue internada. 

Ana María Mendoza Verdugo, abuela de Daniel, explicó que tras la muerte de Irene se han realizado gestiones para obtener una pensión por riesgo de trabajo, la cual ha sido negada por el Ayuntamiento. “Nos presentaron un acta donde […] dicen que Irene trabajaba escalonadamente, pero ella estaba trabajando corrido”, declaró.

Cuando Ana María Mendoza intentó tramitar la pensión para su nieto, el área de medicina del trabajo del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pidió un acta que avalara que la causa de muerte de Irene se generó mientras se encontraba en su centro de trabajo. “No nos han entregado el acta, el señor Antonio Wilson, el jefe directo de mi hija, es quien debe firmar esa acta y no la ha querido firmar”, dijo.

La firma de esa acta, que asienta el contagio como un accidente de trabajo, permite una pensión del 100 por ciento para el joven Daniel Trasviña, que, debido a su discapacidad, debe recibir terapia permanente y continuar sus estudios de preparatoria.

Además de la pensión del ISSSTE, Irene Trasviña también recibía descuentos de nómina de un seguro de vida contratado por el Ayuntamiento, pero el gobierno municipal dejó de pagar a la aseguradora lo que descontaba quincenalmente a Irene, por lo que la empresa se niega a pagar el seguro, pues nunca recibieron las primas comprometidas.

La señora Ana María y Daniel llegaron acompañados de familiares y amigos que portaban cartulinas con leyendas exigiendo justicia para el joven discapacitado y su madre fallecida. 

Luego de la denuncia pública, que fue transmitida en vivo por diversos medios, el alcalde Rubén Muñoz y el secretario general del Sindicato de Burócratas dieron la cara por primera vez para prometer que la familia de Irene contará con el acta en cuestión, aceptando que la secretaria se contagió de Covid-19 en su centro de trabajo.