Ciudad de México.- Durante tres años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se dedicó a batear sin investigar a profundidad denuncias populares contra el proyecto Costa Palmas, ubicado en la comunidad de La Ribera, municipios de Los Cabos, Baja California Sur, a sólo 26 kilómetros del Parque Nacional Cabo Pulmo, un ejemplo a nivel mundial de conservación de la vida marina.

Los argumentos para desechar las acusaciones evitando entrar al fondo del asunto fueron variadas: “por no contar con información que permita a esta autoridad identificar el lugar exacto de los hechos denunciados”; por ser una denuncia anónima o porque el denunciante se desistió luego de recibir el Acuerdo de Calificación y Admisión de la Investigación.

En 20 de abril de 2020, Excélsior publicó que con al menos 17 pequeños y medianos proyectos autorizados en la pasada y la actual administración federal, comenzó la invasión hormiga del área natural protegida de Cabo Pulmo, la joya de la corona, largamente asediada y codiciada por inversionistas chinos y españoles con mega desarrollos como Cabo Cortés y Cabo Dorado, que gracias a las protestas nacionales e internacionales se lograron echar para atrás.

Con el aprendizaje que dejó la derrota, ahora la estrategia de los constructores es conquistar el paraíso por pedacitos y desde la región colindante de Cabo del Este, aprovechando la falta de actualización y el nulo cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), que data de 1995 y la solicitud de autorizaciones de impacto ambiental fragmentadas, que no permiten evaluar las afectaciones acumulativas, sin consultas públicas y evitando, desde 2015, solicitar la opinión técnica del gobierno del estado.

Costa Palmas lleva hasta el momento presentadas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al menos siete manifestaciones de impacto ambiental del mismo desarrollo: Plan Maestro del Proyecto Turístico-Náutico; Marina; Campo de Golf; Obra de Encauzamiento; Desalinizadora; Rehabilitación de Playa (En trámite) y Planta de Generación de Energía con Gas Natural (En trámite).

En imágenes satelitales del período 1985-2020, se puede apreciar claramente la devastación en La Ribera, ya que donde alguna vez hubo dunas, manglares, esteros, cuerpos de agua y nidos de tortugas y gallitos marinos, hoy hay cuartos de hotel, camastros, campos de golf, canchas de tenis y un estadio de beisbol.

En el mar, emergió un espigón y una marina que rompen las olas y cambian el flujo natural de las corrientes con severos impactos al ecosistema.

En el vecino Parque Nacional Cabo Pulmo, con 25 años de protección por parte de una antigua comunidad de pescadores, se encuentra el arrecife de coral más grande y conservado del Golfo de California y debido a su antigüedad, el más viejo del Pacífico Americano.

Denuncias

De acuerdo a información obtenida a través de la Ley de Transparencia, el 26 de marzo de 2018, un ciudadano preocupado por la construcción del proyecto Costa Palmas, presentó una denuncia ante la Delegación de la Profepa en Baja California Sur acompañada de un expediente con 21 fotografías, por el bloqueo al acceso de la playa pública, maniobras de maquinaria pesada para tapar un ojo de agua y secar un manglar.

Tras dar entrada al procedimiento, la autoridad ambiental llevó inspectores de oficinas centrales para verificar las obras y 15 meses después, el 28 de junio de 2019, decidió cerrar el expediente “por no existir irregularidades que sancionar”, aun cuando efectivamente el arroyo, que “secaron” inunda el predio cada vez que llueve y que el mangle, especie supuestamente protegida por la Norma Oficial Mexicana 059, fue sustituido por un campo de golf de 18 hoyos.

El Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre establece claramente que “queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte de manera directa o indirecta al mangle”, lo que se castiga con hasta 10 años de prisión de acuerdo al artículo 420 BIS del Código Penal Federal.

Una segunda denuncia fue presentada el 3 de diciembre de 2019 por un ciudadano que reclamó que la obra no contaba con autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, “que permita obras y actividades con maquinaria pesada que están realizando en la zona de playa y el cuerpo de agua en la parte colindante con el espigón norte”.

La respuesta de Jorge Elía Ángulo, encargado de despacho de la Delegación de la Profepa en Baja California Sur, llegó 21 días después con un acuerdo para desechar la investigación bajo el argumento de que el quejoso no proporcionó la ubicación exacta de las obras que supuestamente violaban la legislación ambiental.

Derivado de un análisis de su denuncia, se advierte la generalidad en la ubicación de los hechos denunciados. Por lo anterior se le concede un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la notificación del presente”, dictaminó en su momento.

El 30 de junio de 2020, el coordinador municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del Ayuntamiento de Los Cabos, entregó un escrito acompañado de fotografías donde acusó al desarrollo de tener cerrados los acceso a la playa “con ramas secas de árbol y malla tipo red, en conjunto con un guardia de seguridad vigilando la zona”.

Una vez que la Profepa emitió el acuerdo de calificación y admisión de la investigación, el funcionario municipal se desistió, porque explicó que no se trataba de una denuncia sino de un reporte, por lo que la autoridad ambiental cerró el expediente sin inspeccionar.

El 25 de noviembre de 2020, el sistema de denuncias por Internet de la Profepa recibió una denuncia anónima con número de folio 0302679, “por obra de relleno y modificación de la línea de costa en la playa frente al proyecto Costa Palmas, sin que hasta el momento se haya resuelto la evaluación de impacto ambiental”.

En respuesta, el 30 de noviembre, la Delegación en Baja California Sur emitió un Acuerdo de No Admisión, bajo el argumento de que no se proporcionó el nombre del denunciante.