La Paz, Baja California Sur. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) toma acciones especiales luego de que los delitos de violencia familiar hacia menores han aumentado de manera importante durante los meses en que la pandemia de Coronavirus ha indicado el aislamiento en casa, confirmó la titular de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia, Astrid Valeria Rojas Pérez.

La subprocuradora informó a Diario El Independiente que desde 2020, cuando se cancelaron las clases presenciales e inició formalmente la indicación de guardar confinamiento, aumentaron el número de reportes de violencia familiar que se hacen ante las autoridades.

“Los llamados de emergencia de violencia familiar donde se ve involucrado un menor aumentaron en un 80 por ciento durante el año de 2020”, confirmó la subprocuradora, quien informó que sólo tras una denuncia se inicia una carpeta de investigación formal, y es cuando agentes especializados acuden a los domicilios donde se reporta el incidente de violencia.

“Cuando nos reportan que hay una posible víctima de violencia familiar, tratándose de una víctima que es menor de edad, acude una trabajadora social adscrita a nosotros y, al tratarse de un menor, el delito es oficioso, la querella la iniciamos nosotros […] Nosotros debemos denunciar, porque muchas veces uno de los padres de familia es el agresor” explicó Rojas Pérez a este matutino. “En la Ley General de Niñas Niños y Adolescentes, ellos entran en su ausencia y se encargan de encontrar una familia cercana idónea, externa a donde están sus agresores o, a veces, intervenir como tutores”.

En 2020, el 30 por ciento de los casos de violencia familiar en los que se vio involucrado un menor como víctima requirió de la intervención de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia.

Rojas Pérez añadió que la tendencia al alza en casos de menores que son víctima de violencia familiar continúa, con más de 48 carpetas de investigación iniciadas en el estado por estos delitos de enero a junio del año que corre. De estas carpetas de investigación, 30 son casos ubicados en La Paz, 5 en Ciudad constitución, 8 en Cabo San Lucas y 5 en San José del Cabo. La subprocuraduría ha iniciado 512 denuncias por el delito de violencia familiar, por lo que poco menos del 10 por ciento las víctimas son niñas, niños o adolescentes.

A finales de junio, un grupo de personas denunciaba públicamente en las afueras de la PGJE que las autoridades locales no cumplían con los protocolos para garantizar el principio de interés superior de la niñez que garantizan los tratados internacionales firmados por México, así como sus propias leyes.

Al respecto, la subprocuradora Rojas Pérez afirmó que todos los agentes del ministerio público asignados a casos con víctimas menores de edad cuentan con especialidades y capacitación continua en la materia.