Ciudad de México.- Una vez más, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin por los probables delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A través de un comunicado, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que la querella también implica a 11 personas físicas, así como a 33 personas morales.

En el escrito se detalla que tras realizar un análisis, se identificó un esquema de lavado de dinero en la petrolera entre 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

 “En el primer grupo de operaciones, las empresas  fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada, destacando que estas guardan relación directa con Odebrecht,  por medio de diversos vínculos corporativos, financieros y/o comercial, entre las que destaca una empresa de  Odebrecht, la cual durante la administración de Emilio “N” registró de 2014 al 2016, transferencias por más de tres mil millones de pesos, supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal. Sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones”, se lee en el documento.

“En el segundo grupo  de la operación, las empresas recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transacccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente enviarlos a  empresas con características de fachada, las cuales se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México. Esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio “N””.

El 17 de julio de 2020, el exfuncionario llegó a México, extraditado desde España. Es acusado por la FGR de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En su denuncia, el exdirector de Pemex implicó en sus actividades ilícitas al expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como a los expresidentes Felipe Calderón y a Carlos Salinas de Gortari. Asimismo, fueron señalados legisladores de oposición y los gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quienes acusó de diversos sobornos.

Un día antes de que llegara a territorio mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que existe un compromiso para que Lozoya hable de Odebrecht y otros ilícitos cometidos en la anterior administración.