La Paz, Baja California Sur. A pesar de que el estado creó un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en 2017, un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) calificó como deficiente su trabajo.

El organismo anticorrupción del estado no comparte el número de denuncias o acciones realizadas desde su creación a la fecha, tampoco se puede saber cuál es su presupuesto y, desde luego, las sentencias relacionadas con el combate a la corrupción en la entidad también son una cripta.

El SEA se creó el 19 de julio del 2017, fecha en la que entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur como un instrumento para el combate frontal al fenómeno de la corrupción. De acuerdo con dicha ley, el SEA “tiene como objeto coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción de todo servidor público, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos, siguiendo los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional Anticorrupción”. De acuerdo con el propio sitio del SEA, éste es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tiene su sede en La Paz y cuenta con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. Debido a ello está obligado a mostrar información pública relativa a su presupuesto y ejercicio de recursos, así como su productividad.

Sin embargo, el SEA no ofrece esta información y en el apartado para tal fin en su sitio en línea no comparte la ley que lo crea, de la que emana, sólo las leyes de acceso a la información del estado. De esta manera, la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del ITESM otorgó una calificación de 2 a al SEA, en una escala donde la mayor calificación es 12, lo que significa “deficiente”.

El SEA no presenta no ofreció la cantidad de denuncias que ha recibido en materia de combate a la corrupción, no puede mostrar su presupuesto aprobado, ni, desde luego, su porcentaje de eficacia, pues, al no contar con un fiscal anticorrupción designado, no ha logrado que el aparato judicial del estado emita una sola sentencia en materia de combate a la corrupción desde su creación.