La Paz, Baja California Sur. A dos meses de la transición administrativa sexenal en el Gobierno del Estado, y de acuerdo a los datos actualizados del sistema público de consulta de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración del gobernador Carlos Mendoza Davis tiene pendiente por aclarar el destino de 1,432 millones de pesos registrados en pliegos de observaciones y aclaraciones realizadas a los cinco años de su ejercicio.

De acuerdo con lo citado en el portal de información de la ASF, ésta ha emitido diversas acciones de auditoría al gasto federalizado del Gobierno del Estado, las cuales aún se encuentran “en seguimiento”, es decir que su procedimiento aún no concluye y que el Estado debe documentar 49 recomendaciones, 6 solicitudes de aclaración, 30 pliegos de observación, un total de 35 informes de presunta responsabilidad administrativa, así como 2 fincamientos de responsabilidad resarcitoria, en este último caso correspondientes al año 2015.

Las 127 acciones solicitadas por la ASF se extraen de 50 auditorías realizadas entre 2015 y 2019 sólo al Gobierno del Estado. Entre las auditorías con los pliegos de observaciones con montos más altos sobresale el de la auditoría 1475, realizada al ejercicio 2019, donde se presume probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 111 millones 206 mil 577.47 pesos, más los intereses hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, debido al pago de recursos que carecieron de autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en incumplimiento a los lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de los apoyos otorgados a entidades federativas, particularmente en lo que respecta al programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, así como al uso de las Cuotas y Aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), correspondientes a los bimestres del ejercicio fiscal 2008.

También es el caso de la auditoría 573, la cual presume afectaciones a la Hacienda Pública Federal por un monto de 115 millones 78 mil 683.43 pesos, más intereses generados, debido a la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAEF), omisión que el Gobierno del Estado debe aclarar.

Otro ejemplo notable es la auditoría 569, donde el pliego de observaciones de la ASF presume un probable daño por un monto de 63 millones 677 mil 876.20 pesos, más los rendimientos por concepto de compensación al personal directivo y docente de niveles preescolar y primaria, pues la autoridad no acreditó que el apoyo económico fuera otorgado a su personal, debido a que la nómina proporcionada carece de registros de plazas y centros de trabajo.

En tiempo récord, la autoridad estatal deberá aclarar estas observaciones o, bien, incluirlas entre los pendientes que deberá resarcir la administración que asuma la responsabilidad administrativa del Gobierno del Estado el próximo 10 de septiembre, a cargo de Víctor Castro Cosío.