La Paz, Baja California Sur. Respecto al caso particular de un menor violentado que motivó una manifestación contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la subprocuradora de Atención a Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia, Astrid Valeria Rojas Pérez, informó que se tomaron medidas particulares para garantizar la seguridad del menor, atendiendo el principio de interés superior.

Rojas Pérez afirmó que todos los agentes del ministerio público asignados a casos con víctimas menores de edad cuentan con especialidades y capacitación continua en la materia. Sobre el caso denunciado por representantes de la asociación “Pies y Alas A. C.”, detalló que se trata de una carpeta iniciada en marzo del presente año. “La carpeta está integrada de acuerdo a los protocolos donde tengan que intervenir alguna autoridad donde se trate de un menor de edad” (sic).

El 29 de junio integrantes de dicha asociación, y un grupo de personas portando imágenes de un menor con signos de violencia en partes del cuerpo, denunciaron públicamente que la PGJE no atiende casos de violencia de manera que permita la separación del menor del sitio donde es violentado. Al respecto, la autoridad responsable informó que “se pidió una audiencia inicial en contra del agresor, se pusieron medidas de protección que fueron ratificadas ante un juez de control […] Las medidas consistieron en la separación del padre de la víctima del hogar”.

Así lo informó la subprocuradora, dejando saber que el caso representa un delito de violencia familiar que requiere de representación de personal de la procuraduría a nombre del menor violentado y que las acciones se llevan a cabo de manera oficiosa, por tratarse de un caso de violencia donde opera el principio de interés superior de la niñez. La funcionaria subrayó que la víctima continúa viviendo en su hogar, mientras que la decisión del juez fue retirar al violentador del sitio en tanto se determina una sentencia por parte del Poder Judicial.

Por el principio de protección de la información, las autoridades se reservaron la identidad de las personas involucradas en este percance que tuvo lugar en marzo y está siendo atendido por la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia.