La Paz, Baja California Sur. El dirigente estatal de la Confederación patronal de México (Coparmex), Gustavo Díaz Tronco, afirmó, a nombre de la iniciativa privada del estado, que las intenciones de regularizar los vehículos estadounidenses empadronados a asociaciones son una amenaza para la industria automotriz mexicana.

Sobre las intenciones explícitas que ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador de reanudar procesos para la regularizar de este tipo de vehículos, Díaz Tronco consideró que la entrada de carros conocidos como “chocolate” lesionaría la economía del país.

“Consideramos que esta propuesta es una amenaza para la economía y para los empleos formales en México, y afectaría a la industria automotriz: una actividad que es reconocida a nivel internacional […] No es el camino ideal, porque se violenta el estado de derecho y se afecta la economía. Legalizarlos sería un duro golpe para el sector automotriz, y un permiso a la ilegalidad”, dijo el líder estatal de la Coparmex, quien coincidió en que es buena la intención de apoyar a quienes menos tienen y que demandan alternativas para su movilidad, pero recalcó que la regularización no es el camino: “no se debería permitir la presencia de estas unidades ni en la frontera ni en ninguna entidad del país”.

Se estima que al menos 30 mil vehículos “chocolate” circulan bajo algún esquema de empadronamiento, 22 mil de los cuales se atribuyen sólo a Anapromex, que cobija bajo un amparo federal a sus empadronados y ha sido protagónica en las intenciones de regularizar los vehículos de segunda mano que entran por medio de importación temporal al país, para luego ser “empadronados” por particulares.

En ese sentido, Díaz Tronco consideró pertinente hacer un llamado a las autoridades del estado para que retiren estos vehículos de circulación, recordando que, por su situación ilegal, no pueden ser aseguradas por daños a terceros, provocando así no sólo un daño a la nación sino a quienes circulan de manera regularizada, pagando impuestos y permisos que generan divisas para la hacienda pública y demandan seguridad en las vías de comunicación.