La Paz, Baja California Sur. El gobernador electo, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció que se han hecho buenas tareas de coordinación en el combate a la inseguridad en Baja California Sur (BCS), pero admitió que la desaparición de personas será una de las herencias más duras que recibirá su gobierno.

Quien asumirá la gubernatura del estado el próximo 10 de septiembre habló bien del trabajo de coordinación en materia de seguridad que instaló la administración saliente, esto durante una entrevista televisada en cadena nacional. “Hay que sostener la mesa de seguridad”, adelantó Castro Cosío, quien vio en la coordinación interinstitucional un avance importante.

La violencia en BCS, “del 2014 al 2015, se incrementó espantosamente”, recordó Castro Cosío, contextualizando que las muertes violentas en aquellos días superaron los millares, en un estado de dimensiones demográficas considerablemente reducidas, en relación con el resto de México, lo que fue motivo de dolor y miedo entre los sudcalifornianos.

“A quien le pasaron la factura fue al gobierno federal, pero el problema no es sólo federal, es de los municipios, del estado, de todos. [...] Se creó una mesa de seguridad y creo que funcionó bien”, dijo el mandatario electo, y recordó que hoy en día, después de Yucatán, BCS es una de las entidades con menos homicidios del país. 

“Hay que reconocer que el esfuerzo anterior sirvió, ahora hay que aplicarlo en un tema de seguridad, que es un asunto muy complicado: las desapariciones forzadas. […] Hay más de 500 en este gobierno panista. Es un asunto que no lo podemos soslayar. Creo que va a ser una de las herencias más duras que podría tener un servidor. […] Imagínate que tuvieras un amigo, un pariente, desaparecido, independientemente de su comportamiento social; por eso el ser humano creó el derecho como una manera de corregir entuertos”, expresó Castro Cosío. “Imagínate que en una tierra que es de las menos pobladas del país, hay ya más de 500 desaparecidos […] Lo dejo como algo que tenemos que mejorar”.

Aunque los colectivos locales de familiares de desaparecidos que salen al campo en busca de éstos tienen más de mil archivos de personas desaparecidas, el Gobierno del Estado reconoce alrededor de 350 carpetas por este delito.