La Paz, Baja California Sur. Luego de más de cinco meses de que cruceros internacionales permanecen fondeados en la Bahía de La Paz, autoridades portuarias eluden asumir la responsabilidad sobre quién les otorgó permisos para su estancia y quién cobra los servicios relativos al arribo, fondeo y zarpe de hasta una decena de cruceros turísticos que han usado las aguas de la Bahía de La Paz como estacionamiento desde que suspendieron actividades por la pandemia de Coronavirus.

En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Marina (Semar) asegura no tener injerencia en la administración del área de anclaje designada a Puerto Pichilingue y la entidad concesionada a su manejo, que es la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API).

El “Movimiento en Defensa por el Territorio”, colectivo civil que surgió a partir de la denuncia ciudadana de contaminación por parte de los cruceros que fondearon en La Paz en febrero del presente año, realizó una serie de solicitudes de información sobre el tema. Una ciudadana, a nombre de dicho movimiento, solicitó a través de la plataforma nacional de transparencia los permisos y documentación que solicitaron los cruceros para entrar y fondear en la Bahía de La Paz. 

La respuesta oficial de la Semar, encargada de la seguridad de los puertos del país, es que, “conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Puertos, será el Administrador Portuario quien asigne áreas de fondeo y posiciones de atraque según lo indiquen las reglas de operación del puerto”.

De esta manera, la Unidad de Transparencia de Semar, en su oficio número: 1925, afirma que es la API de BCS, y no Capitanía de Puerto, “la encargada de designar el área de fondeo cuando los buques tienen que esperar un lugar de atraque en el interior del puerto, el abordaje de la tripulación, el abastecimiento de medios logísticos, la inspección de cuarentena o el aligeramiento de carga”.

Sin embargo, a pregunta expresa sobre, el tema el director de la API en BCS, José López Soto, afirmó que la entrada y fondeo de cruceros en La Paz fue resultado de una gestión del gobierno estatal, sí, pero no su decisión, sino de las autoridades federales de Capitanía de Puerto.

“Fue una situación muy especial la que se vivió por la pandemia: primero, se pidió apoyo al Gobierno del Estado para crear puentes humanitarios; el segundo apoyo que se nos pide es el atraque de los cruceros de manera temporal”, dijo López Soto al hablar por primera vez sobre el tema.

A pesar de admitir que fue una gestión de las autoridades estatales, dejó claro que la decisión de la estadía de hasta 10 mega embarcaciones en la bahía paceña fue determinación de autoridades federales: “hemos estado dando alojo y cobijo a estas embarcaciones con la claridad y la aclaración de que la autoridad que determina quién entra y quién sale de un puerto es la Secretaría de Marina, por medio de Capitanía de Puerto, no la Administración Portuaria Integral”.

“Yo, como administrador de los puertos, no digo quién entra y quién sale del puerto, yo me encargo de cobrar y administrar la infraestructura portuaria. No estoy eludiendo ninguna responsabilidad, sólo estoy poniendo en contexto: cada quién lo que le corresponde”, añadió López Soto, sin aclarar cuánto cobró por cada una de las embarcaciones y los servicios que prestó.