Los países más ricos del mundo lanzaron la propuesta de crear un impuesto mínimo mundial que exigiría a las empresas multinacionales pagar 15%.
Los ministros de Finanzas de los países ricos del Grupo de los Siete (G7) alcanzaron el sábado un acuerdo histórico que respalda la creación de una tasa impositiva mínima mundial para las empresas de un 15%, lo que podría constituir la base de un pacto global.
El acuerdo pretende poner fin a lo que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha calificado de "carrera a la baja de 30 años en las tasas de impuestos a las empresas", en una competencia por atraer a las multinacionales.
Las principales economías pretenden disuadir a las multinacionales de trasladar sus ganancias a países de baja tributación, independientemente del lugar donde se realicen sus ventas.
Cada vez más, los ingresos procedentes de fuentes intangibles, como las patentes de medicamentos, los programas informáticos y los derechos de propiedad intelectual, han emigrado a estas jurisdicciones, lo que permite a las empresas evitar el pago de impuestos más elevados en sus países de origen tradicionales.
El acuerdo del G7 se inscribe en un esfuerzo mucho más amplio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva años coordinando las negociaciones fiscales entre 140 países sobre las normas para gravar los servicios digitales transfronterizos y frenar la erosión de la base imponible, incluido un impuesto mínimo de sociedades a nivel mundial.
Los países de la OCDE y del G20 pretenden llegar a un consenso sobre ambos temas a mediados de año, pero las conversaciones sobre el mínimo global para empresas son técnicamente más sencillas y menos polémicas. Si se alcanza un amplio consenso, será muy difícil para cualquier país de baja tributación intentar bloquear el acuerdo.
Se espera que el mínimo represente la mayor parte de los 50.000 millones a 80.000 millones de dólares de impuestos más que, según la OCDE, las empresas acabarán pagando en todo el mundo si se alcanzan acuerdos en ambos frentes.
Los gobiernos podrán seguir fijando la tasa de impuestos local que deseen, pero si las empresas pagan tipos más bajos en un país concreto, sus gobiernos de origen podrían "completar" sus impuestos hasta el tipo mínimo, lo que elimina la ventaja de trasladar los beneficios.
La OCDE había dicho el mes pasado que los gobiernos estaban de acuerdo en el diseño básico del impuesto mínimo, pero no en el tipo. Los expertos fiscales afirman que ésta es la cuestión más espinosa, aunque el acuerdo del G7 crea un fuerte impulso en torno al nivel del 15% o más.
Otros puntos que aún deben negociarse son si los fondos de inversión y los fondos de inversión inmobiliario deben estar cubiertos, cuándo aplicar la nueva tasa y garantizar que sea compatible con las reformas fiscales de Estados Unidos destinadas a disuadir la erosión.
En la reunión del G20 prevista en Venecia el mes que viene se verá si el acuerdo del G7 obtiene un amplio apoyo de los principales países en desarrollo y en vías de desarrollo.
Aún quedan muchas cosas por concretar, como los parámetros que determinarán cómo y a qué empresas multinacionales se aplicará el impuesto.
El comunicado del G7 dejó abierto lo que sucederá mientras tanto con los impuestos sobre los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas en varias jurisdicciones, que Estados Unidos quería que se eliminaran tan pronto como se llegara a un acuerdo.
Sólo dijo que debería haber "una coordinación adecuada entre la aplicación de las nuevas normas fiscales internacionales y la eliminación de todos los impuestos sobre los servicios digitales".
Cualquier acuerdo final podría tener importantes repercusiones para los países de baja tributación y los paraísos fiscales.
La economía irlandesa se ha disparado con la entrada de miles de millones de dólares en inversiones de multinacionales. Dublín, que se ha resistido a los intentos de la Unión Europea de armonizar sus normas fiscales, no es probable que acepte un tipo mínimo más alto sin luchar.
Sin embargo, es menos probable que la batalla de los países de baja tributación consista en echar por tierra las conversaciones generales y más en conseguir apoyo para un tipo mínimo lo más cercano posible a su 12,5% o en buscar ciertas exenciones.
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