La Paz, Baja California Sur. Ciudadanos e integrantes de la asociación civil Pies y Alas, que trabaja con infancias en discapacidad, se manifestaron en las afueras del Centro de Justicia Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), exigiendo a las autoridades atención a casos de violencia contra menores, los cuales se dan sin seguimiento al principio de interés superior de la niñez y provocan que éstos convivan con sus violentadores por dilaciones en la impartición de justicia.

“Las niñas y niñas en situaciones de violencia no están siendo protegidos con la velocidad que deberían proteger al menor, sobre todo para la protección de los niños, la violencia es normalizada por las personas, cuando uno llega a poner una denuncia se tardan en procurar la seguridad del menor, para ver que esté bien, ya sobre eso se va actuando, pero se necesita una intervención rápida en estos casos”, expresó Blanca Nava, de Pies y Alas, quien trabaja con niñas y niños con disparidad.

La activista se hizo acompañar de un grupo de 15 personas que se manifestaban con mensajes impresos en lonas y hacían un llamado de atención al gobernador Carlos Mendoza Davis y al titular de la PGJE, Daniel de la Rosa Anaya, así como a los jueces encargados de impartir justicia en estos casos.

“La violencia también es una pandemia”, se podía leer en los mensajes que desplegaban acompañados de imágenes de cuerpos de menores que mostraban moretones y lesiones que, dijeron, forman parte de expedientes de violencia contra menores cuyas identidades y las de los perpetradores preferían mantener en el anonimato para evitar afectar la conducción de investigaciones.

Pies y Alas hizo público en sus redes sociales que el 31 de marzo se levantó una denuncia penal por el delito de Violencia Familiar Equiparada, donde quedan asentadas las lesiones sufridas por un menor de 6 años que, hasta el día de hoy, sigue en convivencia con su agresor.

Situaciones como esa se repiten en el seno familiar, por lo que Blanca Nava llamó a las personas a denunciar la violencia, pero, sobre todo, pidió a las autoridades actuar aplicando protocolos de investigación que plantean el interés superior de la niñez, evitando que la violencia se siga reproduciendo desde el momento que es evidenciada. “Recordemos que es nuestra obligación como sociedad proteger el bienestar de cada niño, niña o adolescente y es nuestro derecho exigir a todas las autoridades que en ámbito de sus competencias respondan a éstas”.

Se buscó entrevista con las autoridades para hacer del conocimiento la estadística de carpetas de investigación por violencia contra menores que se han registrado en los meses de confinamiento, así como información sobre la aplicación del principio de interés superior de la niñez en las investigaciones que conduce la PGJE, pero hasta el cierre de esta edición la autoridad no da respuesta a la solicitud.