MADRID.

Todo ciudadano español de al menos 16 años -e incluso desde los 14, bajo condiciones- podrá cambiar la mención de su sexo en el registro civil con solo pedirlo, según un anteproyecto de ley adoptado el martes por el gobierno, que deberá someterse al Parlamento.

La propuesta, que creó fuertes tensiones en la coalición de gobierno entre los socialistas de Pedro Sánchez y su aliado minoritario de izquierda radical Podemos, convertiría a España en uno de los pocos países en Europa que permiten la autodeterminación de género.

La ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, dijo que el proyecto permitirá "garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans", así como "una batería importante de derechos para las personas LGTBI, que actualmente están siendo vulnerados"

Fue este punto en particular el que hizo explotar las tensiones dentro del gobierno: la número dos del ejecutivo, la socialista Carmen Calvo, había dicho en febrero que le preocupaba la idea de "pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles".

La autodeterminación de género es una cuestión que se ha "complicado" en estos últimos años debido a las "voces contrarias", subraya Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales.

Estas corrientes proceden, según explica la activista, de un "feminismo exclusivo", en oposición a la visión inclusiva que defiende los derechos de los transexuales.

Ese feminismo, para Sangil, "se acerca más al discurso de la ultraderecha que a las voces de la izquierda".

Acusación que refuta Tasia Aránguez, miembro del colectivo feminista "Contra el borrado de las mujeres", que denuncia una ley "desprovista de garantías jurídicas", y que podría por ejemplo permitir "que hombres con antecedentes penales de agresión sexual puedan cambiar de sexo registral".

Por ello, Aránguez demanda que se mantenga la obligación de un diagnóstico médico.

Los dos socios de gobierno acabaron por entenderse gracias a la inclusión de un plazo de tres meses entre la formalización de la solicitud y su validación por el demandante, para que pueda confirmar su decisión de cambiar de género