La Paz, Baja California Sur. Continuando una estrategia que en realidad extrañó a pocos, el gobernador panista Carlos Mendoza Davis ejercitó 30 veces su derecho constitucional al veto y negó la publicación de 30 decretos emitidos por el Congreso del Estado, de mayoría morenista, a unas horas de que culmine el proceso electoral e inicie el proceso de transición gubernamental.

                Los diputados de la XVI Legislatura deberán dar lectura a 30 vetos dictados por Mendoza Davis para negar la acción de decretos aprobados por ellos mismos, desde modificaciones a la Ley de Niñas Niños y Adolescentes para incluir un capítulo llamado “vivir en paz”, hasta reformas al marco legislativo en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Mendoza Davis conoce bien este procedimiento. Los 30 vetos a reformas constitucionales, códigos y leyes secundarias no son los primeros que aplica para bloquear las acciones que concierta el Poder Legislativo. A principios de año, vetó el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del estado, con el fin de evadir modificaciones en gastos dedicados a la promoción de su imagen y el uso de viáticos, entre otros gastos discrecionales.

No es todo, Mendoza Davis vetó decretos relativos a la creación de la Ley de Pueblos Indígenas, la Ley de Comunicación Social, Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios, la Ley de Fomento del Cuidado del Agua, una Ley de Desarrollo Urbano y Movilidad, reformas a la constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificaciones al Código Civil del estado, la Ley de Atención Prehospitalaria de Baja California Sur y el decreto que modifica la Ley de Pesca y Acuacultura.

En esta ocasión, el gobernador vetó por completo reformas a la Constitución del Estado y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo; vetó la Ley para Atender la Emergencia Sanitaria y sus Efectos, Ocasionados por la Presencia del Virus Denominado Covid-19; así como diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que permitirían la Ley de Austeridad Presupuestal para el estado.

Mendoza Davis también negó publicar en el Boletín Oficial reformas, adiciones y modificaciones que reforman la Ley de Deuda Pública de los ayuntamientos; la creación de la Ley de Educación; reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios; negó adiciones y modificaciones al Código Penal de BCS y a la Ley del instituto Sudcalifornianos de las Mujeres; asimismo, reformas a Ley De Coordinación Fiscal y a la Ley de Deuda Pública; no aceptó la Ley de Cultura Física y Deporte, ni la creación de un presupuesto participativo como instrumento de participación ciudadana; como tampoco reformas a la Ley de Aguas del estado; y vetó la Ley Orgánica de la Universidad en Ciencias de la Salud del Estado; y echó para atrás modificaciones en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

Todos estos decretos devueltos por el gobernador al ejercer su veto constitucional, serán enviado a las comisiones del congreso para su análisis.