La Paz, Baja California Sur. Una ciudadana sudcaliforniana inició un recurso de amparo contra la opacidad en la que se concursa la cesión de derechos de la terminal de megacruceros de Pichilingue. El juicio de amparo fue iniciado por la ciudadana Maribel Pérez Núñez y fue admitido el pasado 28 de mayo en el Juzgado Segundo de Distrito de Baja California Sur (608/2021), en contra el director general del Centro SCT de Baja California Sur (BCS).

De acuerdo con la promovente, el recurso de amparo busca detener el proceso de licitación iniciado por Administración Portuaria Integral (API), bajo la presunción de opacidad. El asunto controvertido recae en la convocatoria pública APIBCS/02/20 lanzada por el director de la API, José López Soto, el 16 de abril de 2020, supuestamente para otorgar una cesión de derechos en la operación y administración turística del muelle de No. 2 del puerto de Pichilingue (Diario El Independiente, 22 de junio 2020).

En palabras de la ciudadana, al querer ceder sus derechos de concesión de una terminal portuaria federal, API incurre en una práctica ilegal que, además, se encuentra plagada de vicios de opacidad.

“Es totalmente ilegal esto que está haciendo APIBCS, ni el gobierno federal puede hacerlo, esta empresa paraestatal del gobierno de Baja California Sur tiene permisos para operación portuaria, ya no para una operación portuaria sino turística”, explicó. “APIBCS es una empresa paraestatal, tiene permisos para operación portuaria, mas no para lo que ellos quieren hacer, que es darle una concesión por 25 años más a otra empresa, totalmente privada, y ya no es sólo para la actividad portuaria sino para una actividad turística propiamente dicha […] Están lucrando con bienes de la nación y, peor aún, se desconoce si tienen permisos ambientales: nosotros creemos que no”, añadió la denunciante.

Cuando se anunció el proceso de licitación, se debía pagar medio millón de pesos a API como bases de la convocatoria, de acuerdo con la poca información pública, los resultados de la convocatoria estarían listos el 20 de noviembre, sin embargo, a solicitud través del Portal de Transparencia, API sólo responde que “el proceso concursal no ha concluido”.

Esta falta de transparencia ha sido contrastante con lo que ITM Group, filial de Carnival Cruises, responsable de hasta 4 de los 10 cruceros que han visitado tierras sudcalifornianas sin tripulación, se declararon públicamente ganadoras del concurso. Como también lo divulgó Diario El Independiente, ITM anunció a medios internacionales que ganó dicha cesión de derechos con el proyecto “Bajo el Mar”, donde se dispone el dragado necesario para permitir que en la terminal atraquen hasta dos cruceros de 6 mil pasajeros cada uno y la instalación de facilidades turísticas como restaurantes, un parque acuático, un acuario y un centro de deportes de aventura, con una inversión estimada de mil 215 millones pesos, permitiendo la entrada del turismo naviero de gran escala a La Paz (Diario El Independiente, 6 de mayo 2021).

Ante la preocupación ciudadana sobre la transformación de los servicios turísticos que presta una economía como la de La Paz, basada en el turismo de bajo impacto y responsabilidad ambiental, esta es la primera acción legal que una ciudadana inicia contra de la intensificación de las operaciones del turismo náutico de gran escala.