La Paz, Baja California Sur.- No es vinculante el resultado de la consulta ciudadana para otorgar los permisos ambientales para la ampliación de Minera y Metalúrgica El Boleo (MMB), en Santa Rosalía, Mulegé, Baja California Sur (BCS), reconocieron autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Fernando Pescador Guzmán, director general de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Segob, aclaró para Diario El Independiente que es falso cualquier rumor de cierre de esta fuente de trabajo para mil 700 personas; simplemente, esta solicitó hacer más grande su proyecto.

“La mina El Boleo sigue. Lo que estamos promoviendo es el proyecto de ampliación de 446 hectáreas adicionales que presentó la minera […] nos vemos obligados como Estado Mexicano a consultar a la ciudadanía en general del municipio de Mulegé”, expuso el funcionario.

Fue cuestionado sobre las garantías que se dan para evitar “intermediarios” que malinformen a los ciudadanos de la consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para tomar una decisión sobre la mina.

“No hay ningún intermediario entre la autoridad y la población. Somos muy enfáticos al respecto. Estamos informando de manera abierta, escuchando todas las voces, de igual manera la recolección de opiniones”, agregó.

Dijo que los ciudadanos de Mulegé podrán esperar un empoderamiento “de sí mismos”, al poder asumir sus propios derechos y “tomar las riendas de su destino”, con respecto al medio ambiente y los factores sociales que conlleva, como el empleo.

“Su destino en sus manos a través del marco legal, un ejercicio responsable entre sociedad y gobierno tengamos mejores niveles de vida todos”, finalizó.

Cabe destacar que esta consulta no se encuentra incluida como requisito en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), para la aprobación de permisos ambientales, sino que se trata de una herramienta nueva de consulta.

Esta consulta fue instaurada a razón del “Tratado de Escazú”, que suscribió México y que presuntamente le obliga a consultar a los ciudadanos sobre cualquier afectación posible a sus derechos humanos, tales como la ampliación de este proyecto extractivo en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno.