Cabo San Lucas, Baja California Sur. Por mayoría de votos, el Senado de la República aprobó el dictamen que propone reformar los artículos 7 y 19 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), para efectos de reducir la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de 20 a 10 metros, con la finalidad de ampliar la superficie de la playa y que sea transitable y sin reservas. La aprobación de dicho dictamen ha provocado reacciones negativas en ambientalistas y especialistas en la materia, ya que se prevén afectaciones económicas y sociales.

Héctor Narro, representante de la asociación civil Yenekamu, explicó que dicho dictamen, presentado por el senador por Quintana Roo José Luis Pech Várguez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), está fuera de contexto y provocará una afectación directa a la economía regional de cada municipio costero, como Los Cabos.

“Además ofende la inteligencia, al menos la mía, pues en términos reales, presenta la misma gata, pero revolcada y rasurada. En lo personal, concibo la delimitación de zona objeto de concesión, en los casos de costas, los veinte metros o los diez que propone tierra adentro, partiendo de la pleamar en tiempos normales; a menos, claro está, que los lagos, lagunas o ríos observen pleamar”, dijo Héctor Narro, quien añadió que el dictamen queda práctica y jurídicamente igual que la ley y reglamentos vigentes. En realidad, lo que ha fallado es que no se garantiza la vigilancia de la observancia, es decir, el cumplimiento de los ordenamientos y su sanción respectiva en caso contrario.

“Lo que sí es un hecho, es que pone en desventaja al concesionario y al erario, incluso el mantener playas limpias y sanas, toda vez que, al quedar en manos totalmente del Estado, el concesionario sólo mantendrá “inmaculada” su área de concesión, de ahí y diez metros para abajo para la autoridad municipal, que para eso se firmaron acuerdos interinstitucionales que benefician a los municipios costeros por los pagos de dichas concesiones, por las que el municipio respectivo mantiene el 70 por ciento y el restante va a la federación”, anotó Héctor Narro, y añadió que desde una perspectiva personal, la iniciativa pretende que entre una concesión, ya sea hotelera o restaurantera; y la pleamar, es decir dónde llega la ola, quedará para el uso, goce y disfrute de la playa, 10 metros, lo que significa que los concesionario no podrán instalar mesas, sillas, sombrillas y camastros; no obstante, el bañista bien puede rentar alguno de dichos accesorios y pedir comida o bebida al concesionario más cercano y será obligación del estado contar con instalaciones de acceso digno, estacionamiento, baños públicos y mantenimiento, todo ello con el 50 por ciento que por derecho pagan hoy los concesionarios a Zofemat.

“Queda en manos de los diputados. Esperemos que hagan lo que los senadores no, mínimo que socialicen dicha iniciativa y que orden se aplique la vigilancia en el cumplimiento de la ley y reglamento respectivo y aún vigente”, detalló Narro.

Jorge Iván Cáceres, asesor ambiental de Maris Consultoría Integral y antiguo delegado de la Semarnat en Baja California Sur (BCS), dijo para el Excélsior que en todo caso los más beneficiados son los grandes hoteles, que dejarán de pagar a Zofemat y sólo recorrerán sus camastros.

Iván Cáceres, también doctor en Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales, manifestó que con esta reforma se impacta negativamente la protección de playas que sirven como santuarios, humedales y pantanos, donde ahora no se podrá restringir el acceso al público en general.