CIUDAD DE MÉXICO.-Con la advertencia de que “la violencia no tiene que ser el costo por participar en política”, el Senado comenzó a difundir ayer el documento Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, una guía práctica para saber qué es, qué hacer y a dónde acudir, bajo la expectativa de aprender a diferenciarla de otros delitos y de infracciones electorales o violaciones a los derechos humanos.

Se define como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, que busca limitar o anular los derechos políticos y electorales, así como el libre desempeño de un cargo o función.

Puede darse en el espacio público, pero también en el privado. Puede ocurrir durante un proceso electoral, fuera de él o en el ejercicio del cargo. Y puede manifestarse a través de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o económica”, se precisa en la guía.

Puede ser cometida por cualquier persona o grupo de personas, hombres y mujeres: servidores públicos, integrantes de partidos políticos, participantes en una contienda electoral, medios de comunicación”, se puntualiza.

Se enfatiza que “en los ataques por motivos de género está presente un estereotipo o prejuicio básico, que es el que asume que ‘el lugar’ de las mujeres es el hogar y que la razón de su existencia es ser esposas y madres, responsables de las labores domésticas y de cuidar a cada integrante de la familia”.

Sin embargo, se habla de la necesidad de no frivolizar este concepto y que no es correcto suponer que el incumplimiento de la ley o de las tareas asignadas podrá disculparse por la condición de género.

O que todo lo que propongamos o queramos deba ser aceptado porque somos mujeres.

Por eso es muy importante comprender qué es y qué no es la violencia política contra las mujeres por razón de género, para no permitirla y erradicarla; pero también para no usar este poderoso concepto a la ligera, porque entonces se traiciona su esencia y se convierte en algo frívolo”, se argumenta en el documento.

Del voto a la paridad

El texto presenta un recorrido sobre los cambios legales que a lo largo del tiempo dieron paso a la paridad en la disputa de los cargos de representación popular, destacando que en 2008, el movimiento de las políticas feministas perdió la paciencia ante el fenómeno de Las Juanitas.

Algunos partidos planearon que, al ganar algunas mujeres, cedieran el lugar al suplente -hombre, en todos los casos-. Un total de 14 mujeres renunciaron días después de haber tomado posesión. Entonces dijimos ¡hasta aquí!, y nos reorganizamos. Entre 2009 y 2010 se formó la Red Nacional Mujeres en Plural. También se tejieron alianzas con redes que ya se habían formado en distintos estados”, detallan.

 44 iniciativas desde los 90

Auspiciada por la Comisión para la Igualdad de Género y de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, la guía estuvo a cargo de Teresa Hevia Rocha (coordinadora) y de Cecilia Lavalle Torres y Cecilia Tapia Mayans.

El texto da cuenta de cómo desde finales de los 90, se reportó el problema de la violencia política de género y cómo desde 2012 se presentaron 44 iniciativas para legislar al respecto, consiguiendo en 2020 la reforma requerida.

Antes, en 2016, se elaboró el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La sentencia 1264

Recuerdan que, en 2011, se dio lugar a la histórica sentencia 1262 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que derribó el muro de la exclusión, obligando a los partidos a cumplir la cuota sin excepciones, por lo que en 2012 llegaron más mujeres que nunca a las Cámaras.

Señalan que en 2014 se consiguió la Paridad en la Constitución para el poder Legislativo. Y entre ese año y 2015, mediante jurisprudencias emitidas por el mismo Tribunal, se logró la paridad vertical y horizontal y para los ayuntamientos.

Y destacan que, en 2019, se concretó la Paridad en Todo, siendo México es el único país con una reforma constitucional de este tipo.

 Se destaca que, en 1964, once años después de haber conseguido el voto femenino, fueron electas las primeras dos senadoras. Y en la Cámara de Diputados apenas había ocho diputadas.

Desde el movimiento feminista comenzaron a tejerse alianzas con mujeres de distintos partidos, para dar el siguiente paso: llegar al poder. Esas alianzas rindieron frutos. En los noventa, legisladoras intentaron que las cuotas de género quedaran en la ley federal electoral”, se reseña.

Las autoras recuerdan que se enfrentaron enormes resistencias. “En 1993 se aprobó la primera reforma, que sólo logró invitar a los partidos a promover una mayor participación de las mujeres.

En 1996 se formalizó una cuota de 30 por ciento. Y en 2002 y 2008 hubo dos importantes reformas más que, en general, pretendían que los partidos realmente abrieran las oportunidades para que las mujeres pudieran acceder a los espacios de poder; porque siempre encontraban la manera de cumplir sin cumplir”.

La corrupción no tiene género

Se alerta en la guía que, “si a una mujer la acusan de corrupta, hay que mirar con lupa lo que hay alrededor de esa acusación, porque puede, en efecto, ser una mujer corrupta y debe rendir cuentas por sus hechos. El hecho de ser mujer no la blinda. Si comete un delito, debe pagar por ello”.

Igualmente se precisa que si a una mujer no le dan la comisión a la que aspiraba, o el presupuesto que pedía, “hay que revisar con todo cuidado los antecedentes, porque bien puede ser que el trasfondo tenga un componente de género; pero es posible también, que haya alguien más competente para la Comisión o no hay recursos suficientes para su propuesta”.