La Paz, Baja California Sur. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, se trasladó a Santa Rosalía, capital de Mulegé, para sostener una reunión con los sectores interesados en las actividades de la minera El Boleo. Esto en el contexto de anuncios presidenciales sobre una posible consulta pública para solicitud de ampliación de los permisos en materia de impacto ambiental de Minera El Boleo: la presencia de la funcionaria anticipa el avance en las negociaciones entre la empresa y el gobierno mexicano.

La noticia no fue comunicada por las canales oficiales, sino por la delegada de programas federales Yanssén Weichselbaum, quien informó a través de sus redes sociales que la secretaria del Medio Ambiente se encontraba en tierras sudcalifornianas. La funcionaria federal comunicó que le ha sido encomendada una consulta para conocer la opinión de la población sobre la ampliación de la Manifestación de Impacto Ambiental que Minera El Boleo solicitó para ampliar el área de sus actividades de extracción, proceso y embarque de minerales cupríferos en la capital mulegina.

“Les explicó la importancia de evaluar los impactos en los ecosistemas mediante la opinión de los expertos, pero también de las comunidades. Porque lo importante es entender la interrelación que existe entre los aspectos sociales y ambientales. Aprendimos de los procesos de la mina, de las tradiciones de un pueblo, pero también de la sencillez de los funcionarios de primer nivel del Gobierno de México. Fue un placer aprender de ella, que los problemas se resuelven con voluntad, con diálogo y con sensibilidad”, expresó Yanssén Weichselbaum.

La funcionaria federal se reunió con el ejecutivo de la empresa minera de capital surcoreano, Seon Ho Kim, y los representantes de los trabajadores de la minera. La visita se da luego de una confusión de Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera donde dijo que “no se otorgarían más concesiones mineras, como a la empresa El Boleo”, y que corrigió días después tras la reprobación ciudadana, corrigiendo que la solicitud de la empresa se sometería a consulta pública.