La Paz, Baja California Sur. Organizaciones ambientalistas presentaron una propuesta conjunta para la agenda ambiental de Baja California Sur (BCS) con el objetivo de atraer la atención hacia los temas ambientales en el clima político local que renovará cargos populares en la elección del 6 de junio.

“Con el objetivo de mejorar la situación actual de la estrategia emprendida por las autoridades estatales y municipales que, por ejemplo, tienen olvidado el tema ambiental, subordinado al desarrollo urbano y económico”, señalan en un comunicado conjunto organizaciones como la Sociedad de Historia Natural Niparajá, el Centro de Energías Renovables y Calidad del Aire; el Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz; Pronatura Noroeste, el Centro para la Diversidad Biológica Ponguinguiola, CostaSalvaje, Comunidad Desarrollo y Medio Ambiente, Eco-Alianza de Loreto, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo y LegacyWorks Group.

En la misiva, proponen la creación de una Secretaría Estatal del Medio Ambiente, que esté al mismo nivel jerárquico que las dependencias encargadas del desarrollo económico y el turismo. La creación de una dirección general en materia de medio ambiente en cada uno de los municipios es otra de las propuestas, para que no dependa este asunto del área de desarrollo urbano; así como un aumento del presupuesto de egresos estatal y municipal en materia ambiental de por lo menos 1 por ciento del total anual.

Las organizaciones resaltaron que el presupuesto ambiental en la entidad es mínimo. Ejemplifican que en 2020 se asignaron sólo 14 millones de pesos a la Subsecretaría Estatal de Medio Ambiente, lo cual equivale al 0.07 por ciento del total del presupuesto estatal. Igualmente, destacaron que la regulación ambiental de BCS data de 1991, la cual a su vez se basó en la versión de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1988.

De la misma manera, destacaron omisiones “serias en regulación ambiental en el estado de Baja California Sur”: En materia de Gestión de Residuos Sólidos, dijeron que “somos uno de los estados a nivel nacional sin ley en la materia, pese a que todo producto que ingresa al estado involucra generación de basura y ésta no se puede mover a ningún lado y no contamos con capacidad de reciclaje”.

En materia de calidad de aire, resaltaron la omisión e “inexistencia de un sistema de monitoreo que el gobierno estatal y municipal, según las leyes aplicables, deberían tener”. Respecto a la insuficiente disponibilidad de agua y el crecimiento desordenado en materia urbana, la contaminación de ciudades, mares y cuerpos de agua plantearon que su solución recae en el cumplimiento de las leyes: “no cumplir con ellas, o hacerlo parcialmente, siempre resultará en pérdida de recursos naturales, espacios públicos y oportunidades de desarrollo sustentable”.

Actualmente, la economía estatal y municipal están estrechamente relacionadas con las actividades turísticas, y éstas, a su vez, están ligadas con la riqueza natural, atractivos culturales y sociales que puede ofrecer nuestro territorio. Debe ser una prioridad de la administración pública el cuidar el patrimonio natural. Al hacerlo, no sólo repercute en beneficios ambientales, sino en nuestra calidad de vida y salud.

“Sin leyes homologadas, poco personal especializado y con un presupuesto insuficiente, es un hecho que la aplicación de la ley y el desarrollo de nuevas acciones en beneficio del medio ambiente, más que complicado, es humanamente imposible. Por lo cual, ofrecemos nuestro apoyo y acompañamiento a para las acciones que resulten necesarias para cubrir esta agenda ambiental”, propusieron.