• El próximo 7 de junio en audiencia se decidirá si se le concede la suspensión definitiva.
Ciudad de México. El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas otorgó
una suspensión provisional a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador
de la entidad, contra cualquier orden privativa de la libertad o cualquier
orden de aprehensión que haya librado un juez federal a petición de la Fiscalía
General de la Republica (FGR).
El juez Faustino
Gutiérrez Pérez concedió el recurso para que el gobernador de Tamaulipas no sea
capturado por algún delito que no amerite la prisión preventiva. De lo
contrario, el recurso solo surtirá efectos para que la libertad personal del
mandatario quede a disposición de la jueza de amparo en el lugar donde sea
recluido.
Además, el juez
fijó a García Cabeza de Vaca el pago de una garantía de 100 mil pesos para que
surta efectos la suspensión. Además, programó la audiencia incidental el
próximo 7 de junio donde decidirá si concede la suspensión definitiva.
“Se decreta la interrupción de la ejecución de
cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado
agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se
resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”.
El juzgador
sustentó lo anterior en el expediente 669/2021-2, y con fundamento en los
artículos 103 y 107, constitucionales y los numerales 1, 107, 108 y 115 de la
Ley de Amparo, por la demanda promovida por García Cabeza de Vaca contra acto
del presidente de la República y otras autoridades con residencia en la Ciudad
de México, según un segmento de la resolución del juez obtenida por la
corresponsalía de La Jornada.
Ayer, el abogado
del gobierno estatal, Abelardo Perales Meléndez, adelantó que el gobernador ya
contaba con una solicitud de amparo que impediría su arresto.
Por su parte, el
impartidor de justicia dio un plazo de 48 horas para que el juez de Distrito
Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal
Federal en el Estado de Tamaulipas, y FGR informen si son ciertos o no los
actos reclamados por García Cabeza de Vaca y, en su caso, las razones que
estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.
Además, deberán señalar
con precisión en el informe previo, el delito por el cual se libró la orden de
aprehensión, si está considerado como grave y/o si amerita prisión preventiva
oficiosa. De no hacerlo, se les impondrá multa como corrección disciplinaria de
cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Señalado de defraudación fiscal
García Cabeza de
Vaca es señalado por la FGR de haber incurrido en el delito de defraudación
fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos, por lo cual el Ministerio Público
Federal solicitó su desafuero al Congreso de la Unión, lo cual ocurrió el
pasado 30 de abril.
El desafuero del
gobernador tamaulipeco fue aprobado por 362 votos en favor, por 134 votos en
contra y se registraron 14 abstenciones.
Por este asunto, la
FGR está tramitando peticiones internacionales de colaboración para establecer
y obtener mayores datos de las operaciones financieras realizadas por Cabeza de
Vaca y su familia, a quienes las autoridades involucran en presuntas
operaciones con recursos de procedencia ilícita, indagaciones que también
realiza la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés)
de Estados Unidos.
Incluso la semana
pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto,
informó que ordenó congelar las cuentas de Cabeza de Vaca, así como las de 12
personas físicas y 25 jurídicas involucradas. Incluye cuentas de su esposa,
Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael y José Manuel
García Cabeza de Vaca, así como ambos padres, María de Lourdes Cabeza de Vaca
de García y Manuel García Uresti.
De acuerdo con las
indagatorias, posee bienes inmuebles por 228 millones de pesos, sin origen
claro; además de que se detectó la utilización de una empresa fantasma para
triangular recursos en la compra de un departamento en Santa Fe por 14 millones
de pesos, que luego revendió en 42.1 millones; las ganancias se depositaron en
la cuenta bancaria del gobernador surgido del PAN, sin que el inmueble cambiara
de propietario.