San José del Cabo, Baja California Sur. Luego que a finales de noviembre de 2020 el despacho jurídico Tax Care informara sobre las primeros 7 sentencias de juicios administrativos que otorgaron los tribunales administrativos del estado a favor de los socios conductores de la plataforma digital de transporte Uber, el director de dicho despacho, Héctor Sosa, destacó que la autoridad municipal ya fue notificada en febrero del 2021 de que dichas sentencias se encuentran firmes, donde además le instruye a devolver el pago realizado en ese entonces por las sanciones que habrían aplicado a los demandantes, otorgándoles un plazo de 4 meses, mismo que estará culminando en mayo.

“En marzo tuve la oportunidad de ir a Seguridad Pública en donde hablé con personal de dicha dirección y me comentaron que están dentro del plazo para devolver el monto de la inversión a los demandantes, pues están dentro del plazo de los 4 meses, ya que fueron notificados en febrero y estamos apegados a ese plazo, ahorita ya estamos en el último mes. A la fecha, contamos aproximadamente con 106 juicios contenciosos administrativos, en donde estamos controvirtiendo la legalidad de la multa y tenemos que, a la fecha, ya contamos con 50 sentencias favorables ya notificadas a la autoridad a la espera que causen firmeza como las 7 que salieron cuando hice el comunicado en noviembre de 2020”, dijo Héctor Sosa.

Además destacó que los tribunales administrativos del estado están avalando que la multa realizada a los socios conductores de Uber está mal impuesta y, por ende, están ordenando a la autoridad que les devuelvan el pago que hicieron de esa sanción; además, indicó que están a la espera de que queden firmes el resto de los juicios administrativos para que empiece a correr el plazo que le otorgan a la autoridad municipal y devolver el pago, pero comentó que también existen otros casos en donde la autoridad ya interpuso un medio de defensa en contra de la sentencia y quieren que se revisen dichos juicios.

Aclaró el director del despacho jurídico Tax Care que dicho juicio administrativo no blinda en ningún momento a los socios conductores de ser multados de nueva cuenta, revelando que incluso hay clientes que tienen más de 4 multas, en donde se advierte y se ve que sí hay una persecución en contra de los que llevan a cabo esta actividad. Destacó que dicho resolutivo sólo cubre el efecto para que se declare la nulidad de la multa, ya que en su momento los demandantes hicieron un pago para que les entregaran lo que les quitaron en garantía. Como su carro, licencia o placas, y que el tribunal administrativo ya señaló que está mal impuesta.

“Los Tribunales Administrativos le está diciendo a la autoridad que tiene que regresar lo que habían pagado por la infracción debidamente actualizado, esto quiere decir que por ahí hay unas actualizaciones que el municipio tiene que hacer, partiendo de la fecha en que la persona hizo el pago al periodo en donde obtuvo la sentencia del juicio favorable y a la fecha en que la autoridad lo regrese y por ende, tendrán que regresarles un poco más de lo que los infraccionados pagaron”, indicó Héctor Sosa, y precisó que los socios conductores de Uber se podrían blindar contra las sanciones por parte de la autoridad municipal con un juicio de amparo tramitado ante los tribunales federales, en donde se controvertirían cuestiones constitucionales respecto a cómo están llevando a cabo la conducta las autoridades y lo que marcan las diversas leyes y reglamentos, mismo procedimiento que sus clientes han descartado hasta el momento, señaló, debido a que ya existe un resultado favorable por la vía administrativa. 

Además, compartió el litigante que los juicios administrativos tienen como común denominador el análisis que se basa en las facultades que tienen los inspectores del transporte para actuar como lo están haciendo, refirió también que las y los magistrados del tribunal estatal analizaron el reglamento de tránsito de Los Cabos, la ley de transporte del estado, el bando de policía y buen gobierno y toda la legislación en materia de transporte, en donde han determinado que no cuentan con las facultades suficientes para realizar las infracciones, tal como lo están llevando a cabo, incluso les señalan cómo debe de hacerlo de forma explícita.  

Para concluir, recordó que la instancia administrativa tiene como finalidad que los actos realizados por parte de las autoridades estatales y municipales estén apegadas a legalidad, que sean de acuerdo a las leyes y disposiciones que los regulan, de ser contrario a ello dan el falló al demandante con argumentos claros y concisos, tal como está sucediendo en este caso, en donde el tribunal determinó que este acto es nulo y que las consecuencias que trajo es que regresen las cosas a su estado de origen, destacando que en estas situaciones hubo un pago indebido, ordenando así al municipio que les regresen lo que pagaron al cubrir la sanción.