San José del Cabo, Baja California Sur. En diciembre del 2015 a solo tres meses de haber iniciado el gobierno de Carlos Mendoza Davis el Congreso del Estado, en aquel entonces de mayoría panista, aprobó por unanimidad adiciones y reformas a la Constitución del Estado y a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, conocida como “Ley Mendoza”.

Fue así como dependencias como Control Vehicular, Registro Civil, y los Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, pertenecientes a la administración municipal, pasaron a ser administrados por el Gobierno del Estado desde el 1 de enero del 2016. Mendoza Davis aseguró que la decisión se tomó para así buscar incrementar el rubro de ingresos propios y con ello la administración estatal estar en condiciones de recibir mayores recursos a través de las participaciones federales en virtud de su incremento de captación de recursos propios.

Han pasado casi seis años desde que la “Ley Mendoza” entró en vigor y de acuerdo con el candidato a la diputación local por el XII Distrito Electoral por la coalición Juntos haremos Historia de Morena-PT, Christian Agúndez Gómez, aseveró que dicha ley solo ha llevado a los municipios de Baja California Sur (BCS) estancamiento en el desarrollo social y económico, sin obras o acciones sociales que beneficien a la población.

“En ese sentido, me comprometo a reformar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para que las participaciones municipales pasen a ser administradas nuevamente por los Ayuntamientos. Modificar la ley para mantener la recaudación de las dependencias municipales involucradas en los cinco ayuntamientos, a fin de que sea aplicada en obras sociales prioritarias para beneficio de la ciudadanía”, dijo el candidato, esto con el fin de evitar la disparidad social que caracterizó el sexenio de Mendoza Davis.