Cabo San Lucas, Baja California Sur. En diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. El Decreto destaca que los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), incluidas las Administraciones Portuarias Integrales (API), y en general todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones, serán trasladadas a la Secretaría de Marina (Semar), tales como dragado, puertos y educación náutica, siendo la fecha de entrada en vigor el 7 de junio. Esta decisión, dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, es para dar fin a la corrupción y el neoliberalismo.

Dicho cambio, prevén expertos, puede representar serios problemas para las administraciones portuarias como la de Cabo San Lucas (CSL), que actualmente está operada y concesionada por Fonatur para atender yates a través de Island Global Yachting (IGY), ya que la concesión de Fonatur concluye hasta el 2022 y estarán buscando cómo mantenerla para no perder los más de 80 millones de pesos que, hasta antes de la pandemia, se generaban por el servicio de desembarco de cruceros, ya que la pérdida de la concesión y el cambio de operación puede generar la ausencia de arribos no sólo de cruceros, sino también de mega yates, perdiendo así millonarios recursos para el mantenimiento de la marina y, por ende, poniendo en riesgo el estatus de destino de lujo del puerto sanluqueño.