La Paz, Baja California Sur. En el primer trimestre del año, en Baja California Sur (BCS) se han iniciado cuatro carpetas de investigación contra mujeres por someterse a un legrado, esto de acuerdo con la estadística oficial de delitos del fuero común que reúne el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto con relación a la estadística disponible que muestra que en enero se judicializó un caso, en febrero dos y en marzo uno.

Estados como Aguascalientes, Campeche, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán muestran cero abortos judicializados por sus sistemas de procuración de justicia, mientras que Baja California Sur (BCS) ya exhibe cuatro en 2021 y el año pasado persiguió judicialmente a siete mujeres por abortar.

El 21 de diciembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presumió la vinculación a proceso de una mujer por su probable responsabilidad en el delito de aborto voluntario. Los hechos, según la PGJE, señalan que cuando la imputada, en conocimiento de cursar un embarazo de entre 19 y 20 semanas, tuvo con el objetivo de interrumpirlo aplicó fármacos para provoca el aborto.

Asociaciones integrantes a la Red de Colectivas Feministas de Baja California Sur han declarado que la judicialización del aborto criminaliza a las mujeres y muestra una mala asesoría en las políticas de salud pública disponibles, así como en la asesoría legal necesaria para estos casos. Por su parte, la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA) se ha deslindado de la judicialización de estos abortos en el estado.

Es así como a nivel nacional BCS destaca por ser uno de los estados donde se judicializa a las mujeres que deciden abortar (Diario El Independiente 6 de noviembre 2020); mientras que las autoridades no han informado resultados de los procesos que ha iniciado para castigar penalmente a estas mujeres (Diario El Independiente 3 de diciembre 2020).