Los Cabos, Baja California Sur. Debido a la problemática añeja sobre niñas y niños que trabajan hasta altas horas de la madrugada en la zona turística de Cabo San Lucas (CSL), el Congreso del Estado hizo un llamado para que el gobernador Carlos Mendoza Davis y la alcaldesa de Los Cabos, Lorena Cortés Torralbo; cumpla con la obligación de acabar con dicha práctica, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California Sur y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Los Cabos.

“Deben cumplir cabalmente con sus obligaciones y atribuciones relativas a proteger, garantizar y restituir los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en la marina de Cabo San Lucas”, señalaron mediante el exhorto, que realmente tomen medidas estrictas para acatar y procurar la ley en favor de niños y jóvenes.

El exhorto a las autoridades exige solucionar de manera urgente este fenómeno que pone en alto riesgo la integridad y seguridad de los menores, así como vulnera gravemente sus derechos a la educación, a la salud, al bienestar, al descanso, al esparcimiento, entre otros.

Cabe destacar que, aun cuando se cuentan con las herramientas jurídicas a nivel nacional y local para tomar cartas en el asunto y evitar la explotación laboral infantil, legisladores señalaron que se siguen observando una gran cantidad de niñas, niños y jóvenes que trabajan a todas horas en la marina de Cabo San Lucas. Además, refirieron que, si bien es cierto, con el cierre de las escuelas por la pandemia del Covid-19 ha incrementado el número de menores de edad, dicha problemática ha existido desde mucho antes de la pandemia.

Si bien se sabe que la autoridad municipal, a través del Cabildo, le dio seguimiento e intentó tomar cartas en el asunto, fue un tema que trataron con total hermetismo, dado a que se trataba de menores de edad, sin embargo, hasta la fecha no se ha dado a conocer más al respecto. En ese sentido, ha sido la Administración Portuaria Integral (API) quien reveló a finales del 2020 que tan sólo en un lapso de 20 días habían detectado 7 posibles casos de explotación infantil, señalando que el número de infantes había disminuido en la marina, pero había estado incrementando en el centro del puerto.