Christian González / Esmeralda Ocampo

San José del Cabo, Baja California Sur. A eso de las nueve de la mañana los golpes de una máquina comenzaron a cimbrar el cauce del arroyo Costa Azul, en San José del Cabo (SJC), poco a poco las fisuras en el llamado muro de la vergüenza comenzaron a aparecer, y con el paso de los minutos gruesas varillas se asomaban mientras caían los primeros trozos de escombro. 

El plazo para la demolición se había cumplido, y por ello es que a temprana hora integrantes del movimiento Resistencia Civil Los Cabos llegaron al sitio para materializar un periodo de lucha social y disputas legales que fue capaz de unir a cientos de ciudadanos bajo un solo objetivo, hacer cumplir la ley y defender un espacio de tierra que pertenece a la nación. 

A medida que los escombros se amontonaban y los agujeros en el muro cobraban mayor magnitud, en el lugar aparecieron representantes legales de la empresa que edificó la estructura para advertir a que las maniobras constituían daños a propiedad privada. 

El diálogo pacífico pasó a segundo término e inmediatamente comenzaron los señalamientos que dieron paso a la confrontación.  

"El dictamen que se publicó en redes sociales tiene un juicio en contra, el juez va a ser quien ordene, se están conduciendo sin el estado derecho al que están obligados a someterse [...] permitan que la autoridad judicial resuelva, esto que están haciendo son daños a propiedad privada", señalaba el abogado de la empresa. 

Tras minutos de dimes y diretes, el arribo de representantes legales de la empresa terminó por interrumpir las maniobras de demolición, hubo acusaciones y argumentos fundamentados entre ambas partes. 

Luego de la retirada de los abogados llegó un lapso de calma y nuevamente el diálogo entre los integrantes de Resistencia Civil para replantear las maniobras. "Ese muro tiene que caer, y por supuesto que se va a continuar con la demolición", expresaban. 

Al retornar la calma, unidades de Protección Civil hacían acto de presencia en el cauce del arroyo, y fue así que en el sitio se presentaron los titulares de las dependencias tanto municipal como estatal para proceder, primeramente, al acordonamiento de la zona. 

El tiempo transcurría y daba paso a la presencia de elementos de la Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional para asegurar el área y preservar el orden. Bajo los rayos del sol, nuevamente el sonido de una máquina se percibió en el cauce, para luego enfilarse hacia el muro, y con instrucciones de autoridades se retomaban las obras de demolición, haciendo cumplir la ley. 

Lo anterior, incluso desprendió algunos aplausos de integrantes del movimiento Resistencia Civil y algunos ciudadanos que se acercaban para ser testigos del derrumbe del muro, en pocos instantes nubes de polvo se elevaban al aire acompañados de golpes a la estructura y caída de escombro. 

"Es un logro ciudadano, es sumamente emocionante y gratificante y una mirada de agradecimiento, de valentía y coraje por parte de los tres niveles de gobierno, por parte de los ciudadanos y del pueblo, este no es un logro de una persona, ni de dos o tres, es un logro de un pueblo humillado, que dice basta, no más, los arroyos son la garantía para las familia para poder accesar (sic) a una playa, esto nos marca un antes y un después de que el estado, ni federación ni municipio está dispuesto a privilegiar lo particular por encima del colectivo, esto es una invitación a los nuevos gobernantes, sea quien sea, no importa que color quede, esto es una invitación de que no podemos pisotear los derechos de los ciudadanos", declaró la integrante del movimiento Resistencia Civil, Blanca Pedrín. 

Como se recordará, en días pasados a través de un dictamen la Subsecretaría de Protección Civil dio a conocer que como plazo se tenía hasta el diez de mayo del año en curso para que la empresa procediera a la demolición del muro en el cauce del arroyo Costa Azul, pues dicha obra fue edificada en zona federal y su derrumbe obedece a la salvaguarda de ciudadanos.