San José del Cabo, Baja California Sur. Tras darse a conocer por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que en México la pobreza laboral creció casi 40 por ciento en el primer trimestre del 2021 y que Baja California Sur (BCS) es el tercer estado de país con el mayor índice de pobreza laboral, antecedido por Ciudad de México y Quintana Roo, un nuevo estudio revela que aunado a los precarios salarios y el desempleo se suma un aumento en la informalidad.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hizo un análisis sobre cómo se encuentra el empleo y las condiciones laborales en los 15 estados donde se renovarán gubernaturas, incluido BCS, el próximo 6 de junio. En el análisis se observó el cambio en dos variables clave: la tasa de desempleo y la tasa de informalidad, desde el primer trimestre del 2020 hasta el mismo periodo del 2021, encontrando tres problemas principales: Pérdida de empleos generalizada, desempleo y precarización y por último recuperación de empleos y formalización.

En BCS el principal problema laboral se encuentra en el rubro “Desempleo y precarización” y de acuerdo con el IMCO, Querétaro, Baja California Sur, Zacatecas, Campeche y Colima registraron pérdida de empleos acompañada del aumento en los niveles de informalidad

En BCS se desconoce el porcentaje de informalidad, sin embargo, a nivel nacional se estima que la ocupación informal en febrero de 2021 ascendió a 29.4 millones y situó la tasa en el 55.5 por ciento de la población ocupada, siendo las mujeres bautizadas en redes sociales como “nenis” las que mayor presencia en el comercio informal tienen, esto porque en gran medida este tipo de comercio les permite más control de sus tiempos.

El IMCO propone a los próximos gobiernos, incluidos el de BCS, la implementación de programas locales de apoyo al empleo, que tengan como objetivo la vinculación laboral y la capacitación de los trabajadores. Ante el recorte de recursos federales al Programa de Apoyo al Empleo, los gobiernos estatales deberán buscar mecanismos de vinculación y capacitación costeables y efectivos. 

También serán indispensables medidas para reducir los costos laborales formales, a fin de generar empleos de calidad e incrementar los ingresos. El instituto propone además que se permita la parcialización del pago del impuesto sobre nómina, la cual se deberá conceder principalmente a las pequeñas empresas que han tenido que parar su actividad.