La Paz, Baja California Sur. En una sus recientes mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a los “ambientalistas conservadores” haberse pronunciado en contra del Tren Maya y otros megaproyectos de su administración y no contra las concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas (ANP) que se otorgaron durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. 

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González expuso durante este ejercicio que “el 11 por ciento del territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años” y que de las 142 ANP que existen, 68 de ellas, 7.7.% de su territorio, están dedicadas avaladas para la explotación de recursos a través de 1,600 permisos. Aclaró que ninguna de estas concesiones se ha dado durante la administración actual.

La explotación de estas áreas está prohibida desde 2013 por el artículo 47 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y dicha negativa se reiteró con la reforma de este instrumento, avalada por la Cámara Baja el pasado 3 de abril del presente. 

Albores González también dio a conocer que Baja California Sur es uno de los estados con más concesiones mineras en ANP con 13 proyectos de explotación en dichas áreas sólo superado por estados con 16 y 15 proyectos cada uno. 

Tras una pregunta por parte de los medios para increpar a la secretaría respecto de los conflictos socioambientales derivados de estas actividades, López Obrador aprovechó para reclamar a los que llamó “pseudo ambientalistas conservadores y defensores de la política neoliberal” de no haberse quedado totalmente callados porque vivían a costillas del erario.

“¿Qué hicieron los pseudoambientalistas conservadores? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están los amparos?”, cuestionó el titular del ejecutivo.

A este respecto, diferentes asociaciones de la sociedad civil sudcaliforniana han dado a conocer sus inconformidades ante el cabildo estatal y otras autoridades desde antes del 2015 sobre todo frente a proyectos como Los Cardones, La Pitaya, Sierra de la Laguna, rechazando “la minería tóxica”.