La Paz, Baja California Sur. El dirigente nacional del Barzón Popular, Crescencio Morales Ávila, asegura tener en su poder denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de diversas familias a quienes acusa de acaparamiento de agua, sus denuncias retomadas en medios nacionales, entre las cuales destacan el candidato panista a la gubernatura de la alianza Unidos Contigo Francisco Pelayo Covarrubias y su tío, el exgobernador del estado Marcos Covarrubias Villaseñor.

Morales Ávila, dirigente nacional del Barzón Popular expresó en medios de circulación nacional que “no puede ser posible que un grupo de familias poderosas políticamente y económicamente hablando tengan como destino la utilización del agua para su consumo personal, para su producción que ellos hacen en el campo”.

Para el líder campesino la situación deja “sin el vital líquido y en algunos casos ni siquiera para beber; es tal la carencia de agua que la gente tiene que comprar pipas, tiene que ver cómo le hace para poder solventar necesidades básicas como son el aseo diario de trastos, trapear, tomar agua, asearse y bañarse, de lavar ropa”.

Morales Ávila señaló que la denuncia interpuesta indica que la denuncia es contra las familias: Amaya Téllez (familia del ex senador Rodimiro Amaya); Covarrubias Villaseñor (del ex gobernador Marcos Covarrubias); Córdova Urrutia (del actual secretario de pesca acuacultura y desarrollo agrario); Solís López (familia del suplente del candidato Marco Puppo, Alejandro Solís López); Pérez Cárdenas; Ochoa González (del director del Fondo de Reconversión Agropecuaria del Valle de Santo Domingo, Marcelo Ochoa González); Loya Malverde; y la familia Pelayo Covarrubias del expresidente municipal en Comondú y actual candidato a gobernador; así como los Gallo Rodríguez (Vinculados a Jesús Gallo, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado)” quienes señaló en un video que hizo circular en redes sociales “son protegidos por el gobierno estatal del PAN”.

Además de la concesión de 27 millones 958 mil 420 litros de agua con cerca de un centenar de títulos expedidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cantidad de agua para abastecer a una comunidad de 240 mil habitantes, el barzonista añadió que la mayoría de estos títulos tienen deudas con la dependencia federal debido al incumplimiento en la entrega de informes sobre la extracción anual que realizan.

Mientras la demanda penal presentada por el líder del movimiento popular fue presentada apenas el 4 de mayo pasado, OXFAM México y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), organismo público descentralizado encargado de enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua, han denunciado que prácticas como las exhibidas en Baja California Sur (BCS) forman parte de un problema nacional de “acaparamiento de agua”. Las organizaciones celebraron recientemente un “seminario interdisciplinario de transparencia hídrica”, donde han indicado la problemática de falta de “límites” por parte de las autoridades responsables del tema para detener el “sobreconcesionamiento” y la “sobreexplotación” de los títulos de agua en México que se da en regiones afectadas especialmente por la presencia de actividades de intensiva industria minera, agrícola y bebidas preparadas, las cuales llevan a una distribución desigual del recurso entre la población.