• Alonso Gutiérrez, exlíder de Canaco y nuevo simpatizante de Víctor Castro, estaría contratado por 325 mil pesos para de operar el PREP del Instituto Estatal Electoral. • El IEE aún no dice nada al respecto. Se esperan reacciones de partidos políticos y candidatos. • Los sudcalifornianos merecen evitar todo tipo de dudas sobre la información electoral.
El conocimiento
de la existencia de contratos para proporcionar servicios electrónicos al
Instituto Estatal Electoral para la instalación del Sistema de Cómputos
Distritales y Municipales y el Programa de Resultados Electorales Preliminares
del proceso electoral 2020-2021 en Baja California Sur, por parte de la empresa
Baja Interactiva Digital S.A. De C.V. cuyo representante legal Alonso Gutiérrez
Martínez, expresidente de Canaco, tendrá que ser cancelado luego de
establecerse que el contratante es ahora un destacado impulsor de proyecto
político de Morena que encabeza su candidato a gobernador, Víctor Castro Cosío.
Aunque Los
contratos IEEBCS-CONT-30-2020, IEEBCS-CONT-31-2020 se firmaron con fecha del
pasado 28 de diciembre del 2020, su efectividad perdieron credibilidad luego de
que el pasado 15 de abril, Alonso Gutiérrez ahora ex dirigente de la Canaco
local, se sumó abiertamente al proyecto político del morenista Castro Cosío, el
anuncio lo hizo con bombo y platillo en conferencia de prensa donde también
estuvo presente con la misma intención el ahora expanista Dr. José Luis Urías
Corrales.
Con ello, Alonso
Gutiérrez se colocó en la posición de presunto conflicto de intereses para
cumplir con los acuerdos signados con el Instituto Estatal Electoral.
Obviamente estos
contratos tendrán que cancelarse para ser repuestos por otra empresa que no
corra el riesgo de tener conflictos de interés en este tema tan complejo y
sensible como es el programa de resultados preliminares de la jornada electoral
del próximo 06 de junio.
Hasta ahora la
presidenta del Instituto Estatal Electoral Rebeca Barrera Amador, aún no comenta
nada sobre este tema, pero es obvio que se tendrán que tomar medidas al
respecto.
Según el
contrato la prestación de este servicio tuvo un costo de 325 mil 460 pesos con
75 centavos, y fue signado por el representante legal de la empresa Alonso Gutiérrez,
así como por el Lic. Héctor Gómez González, secretario ejecutivo del instituto
electoral, y como testigos el L.C.P Joel Valencia Núñez, director ejecutivo de
la comisión de finanzas y el jefe del departamento jurídico del instituto
electoral, Lic. Cuauhtémoc Gómez González.
Entre los
problemas que se pueden generar, es que este servicio para la red segura para
la operación del PREP, no pueda quedar a tiempo para la jornada electoral del
06 de junio lo que por supuesto tendrán que aclarar las autoridades
electorales.
Desde luego que
será necesario saber qué dice al respecto el candidato morenista la gubernatura
Castro Cosío quien ha señalado en reiteradas ocasiones que las acciones de poca
transparencia o de duda sobre la moralidad de sus seguidores tiene que estar
sujetos a toda prueba.
Por supuesto
como ya lo sabemos, en política hay sumas que restan y este puede ser uno de
estos casos donde Alonso Gutiérrez ahora puede ser un verdadero lastre para la
campaña morenista que ya de por sí trae negativos generados por el cuestionable
actuar de algunos de sus integrantes como por ejemplo el de su dirigente
estatal partidista Alberto Rentería inhabilitado por el Tribunal Federal
Electoral por el delito de violencia política en razón de género.
Claro que aún
falta conocer la reacción de las dirigencias de los partidos políticos y de los
candidatos a todos los puestos de elección popular.
Las dudas sobre
el manejo informativo oficial del proceso electoral y sobre todo del día de la
jornada electoral no puede estar en tela de duda, por lo que ya desde ahora,
urge que todo quede aclarado antes de que sea demasiado tarde.
Los
sudcalifornianos no merecen que una espesa nube de dudas genere sombras que
impacten en la credibilidad del actual proceso electoral.
A mitad de la
campaña proselitista esperemos que todo quede superado y que no vaya más allá
de la reposición de un proveedor de los referidos servicios, por supuesto en el
marco de la ley, antes de que otra cosa suceda.
Ya veremos cómo
lo resuelve la autoridad electoral.