La Paz, Baja California Sur. La Sociedad de Historia Natural Niparajá y el posgrado Desarrollo Sustentable y Globalización (DESyGLO) de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), realizaron un diagnóstico de la agenda ambiental del gobierno estatal y encontraron opacidad e inconexión que hacen imposible dar seguimiento al plan sectorial medioambiental del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2018.

De acuerdo con la información hecha pública por la organización de la sociedad civil y la universidad pública, la gestión de Carlos Mendoza Davis en materia ambiental quedó a deber respecto a las metas planteadas hace seis años.

En un informativo divulgado por NIparajá recuerdan que el plan estatal de gobierno integra una política ambiental en Baja California Sur en ocho estrategias: actualizar el marco legal, vinculación internacional e intersectorial, promoverla educación ambiental y divulgación, promover el turismo sustentable, adaptación al cambio climático, fortalecer la capacidad de gestión, promover la transparencia de la gestión del capital natural y seguimiento al desempeño.

Tras un análisis del plan estatal de desarrollo 2015-2021, el plan sectorial de medio ambiente y recursos naturales y los informes de gobierno de Carlos Mendoza Davis, Niparajá y Desyglo realizaron una serie de documentos de divulgación sobre los resultados.

En ellos, afirman que la mitad de las estrategias son “un acomodo jurídico administrativo para fortalecer la inversión económica extranjera”, la otra mitad de las estrategias fueron desarrolladas de manera “subjetiva y dispersa”

“Las propuestas y resultados no son congruentes y carecen de transparencia y claridad, las acciones no están conectadas a una estrategia específica, y su diseño no permite medir el nivel de avanza […] La discrepancia entre lo planeado y lo reportado deja claro el incumplimiento de las estrategias”, señalan los resultados de las instituciones de investigación.

Por ejemplo, en la estrategia “mitigación al cambio climático”, en lo que va de gobierno sólo se ha reportado la realización de un taller vinculado al cumplimiento de las metas planteadas.

El diagnóstico destaca que la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado no fue actualizada en seis años y su texto es vigente desde hace 30 años; tampoco se cumple la estrategia de actualización del marco normativo.

“La política ambiental del estado debería estar dirigida a la conservación del patrimonio natural y del medio ambiente, no subordinada a políticas de desarrollo económico”, concluye el análisis.

“A partir de él, la organización plantea una serie de permisos para adecuar la política ambiental sudcaliforniana para mejorar su adecuación a las necesidades de su sociedad entre las que destacan la evaluación de resultados, divulgar información y generar espacios de participación ciudadana y generar propuestas de acciones que beneficien la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, terminan.

En breve, la asociación civil y el posgrado que elaboraron este análisis divulgarán de manera íntegra a la opinión pública su contenido en extenso .