La Paz, Baja California Sur. Con elecciones a celebrarse el próximo 6 de junio, la administración estatal tiene una deuda de más de 200 millones de pesos a saldar como lo indican los datos públicos del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esto se hizo del conocimiento público cuando el área mencionada, encargada de socializar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia fiscal y el apego de las entidades a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Sus municipios que, al corte de diciembre pasado informó que, entre los cientos de créditos pedidos por los estados se acumula una deuda por 174 mil 829 millones de pesos, con fechas de vencimiento que van hasta 2048.

Sólo el 8 por ciento de esa deuda, tiene como plazo de pago 2021 por lo que los gobernadores salientes deben liquidar la deuda a corto plazo antes de dejar el cargo. Tal es el caso del Gobierno del Estado de Baja California Sur que adeuda más de 200 millones de pesos que debe liquidar antes de que concluya el 2021.

Pero la deuda de Baja California Sur (BCS) con diversas entidades bancarias pudiera ser más alta, toda vez que su gobierno ha solicitado cuatro créditos quirografarios a igual número de instancias bancarias dos con Santander (Registros SHCP: Q03-0120018 y Q03-1220192) por 200 millones de pesos y 100 millones; otro con Banorte (SCHP: Q03-1220190) por otros 200 millones, uno a BBVA Bancomer (SHCP: Q03-1220191) por 300 millones de pesos sumando un total de 800 millones en distintos productos fiscales contratados.

De acuerdo con la información disponible, hasta el final del 2020 estos créditos ya habían generado 13 millones 139 mil 319 pesos en intereses y solo uno de ellos ha sido liquidado por la Secretaría de Finanzas del Estado. Al ser cuestionado por dichos empréstitos, el titular de la secretaría estatal, Isidro Jordán Moyrón, afirmó que los créditos serían pagaderos durante la actual administración y aseguró que ello sería viable con los ingresos del estado y que los créditos habían sido contratados “a corto plazo”.

“El año pasado contratamos un crédito que la Ley de Disciplina Financiera me permite, es un crédito que no va más allá de 12 meses”, expresó el funcionario estatal en comparecencia a los diputados del Congreso del Estado a finales del año pasado (Diario El Independiente, 4 de diciembre 2020), cuando explicó que se contratan este tipo de deudas cuando existen “problemas de liquidez inmediata para el gobierno del Estado”.

En aquel entonces afirmó que, para la autorización de esta deuda no se requería del permiso del poder Legislativo: “Son necesidades que se presentan normalmente, como la economía familiar, uno está considerando un nivel de ingresos, e igual, una economía estatal sucede lo mismo”, ejemplificó en aquel entonces. En septiembre próximo, la actual administración llegará a su término de seis años.