CIUDAD DE MÉXICO.-La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, para la eliminación del outsourcing en las empresas privadas y en la administración pública, sanciona esta práctica como defraudación fiscal y establecer un tope para el pago de utilidades.

El pleno aprobó en lo general con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones, la reforma que limita la figura de la subcontratación de servicios y prohíbe la subcontratación de personal,

Los legisladores aprobaron modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en el Artículo 123 constitucional para prohibir la subcontratación de personal en dependencias e instituciones. Solo se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas en el gobierno.

También establece el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades que tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

La reforma laboral contó con la aprobación de Morena, PT, PES, Partido Verde y PRD, con el voto dividido del PRI, MC, y la negativa del PAN. También se presentaron 38 reservas.

En el debate los legisladores del PT, Gerardo Fernández Noroña y Mary Carmen Bernal, manifestaron que la propuesta del Ejecutivo federal era insuficiente al no eliminar de tajo el outsourcing.

“Me atrevo a decir que nos sentimos medianamente satisfechos, y digo medianamente, porque esperábamos que la subcontratación se eliminará de tajo, que se eliminará por completo, que la relación obrero patronal fuera una relación directa entre el trabajador y el contratante, sin embargo, entendemos que por el momento es lo que podemos hacer”, expresó la diputada Bernal.

Los diputados de oposición advirtieron que la reforma conllevará la pérdida de fuentes de trabajo y en el apartado de servicios y ejecución de obras especializadas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podría incurrir en actos discrecionales y prácticas corruptas.

El diputado por el PRD, Antonio Ortega, consideró que desde un inicio la reforma no respetó la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, al ser un acuerdo corporativo entre el gobierno federal y los empresarios, lo que significa “el nuevo charrismo sindical de la Cuarta Transformación”.

“Esta afrenta a la división de poderes tiene como colofón un pacto corporativo entre el gobierno, las cúpulas empresariales y el nuevo charrismo sindical a la usanza de los vetustos tiempos de los sexenios populistas de Echeverría y López Portillo”, dijo.

El diputado por el PAN, Carlos Valenzuela González, señaló que las mujeres y al menos un millón de madres solteras serán las principales afectadas.

 “Es lamentable que ustedes no escuchen al casi un millón de madres solteras que están bajo el concepto de subcontratación, y que lamentablemente al tener diseño ni planeación para hacer esta iniciativa, muchas de esas madres solteras quedarán si bien les va en la informalidad, y en el peor de los casos en el desempleo”, advirtió.