SAN SALVADOR

Las autoridades salvadoreñas arrestaron el lunes a dos alcaldes, a miembros de sus consejos municipales, a empresarios y hasta policías vinculados con supuestos hechos de corrupción.

La Dirección Contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía General de la República reportó la captura de los alcaldes de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi Morataya, y de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Aguilar Alvarado, acusados de los delitos de negociaciones ilícitas y corrupción.

El Fiscal Genera, Raúl Melara, lideró el operativo de captura del alcalde de Hirezi Morataya.

Las investigaciones determinaron que en la alcaldía de Zacatecoluca existían estructuras corruptas que solicitaban dádivas, dinero que después se repartían entre los involucrados. Estamos capturando tanto a corruptos como corruptores”, dijo Melara en declaraciones a periodistas.

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Hirezi Morataya es un reconocido dirigente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que ha gobernado por varios períodos la alcaldía de Zacatecoluca, en el departamento La Paz, al este de la capital.

El mandato del alcalde de Zacatecoluca -quien participó en las recientes elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero y fue derrotado por el candidato del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele- finaliza el 30 de abril.

La Fiscalía sostiene que en la alcaldía de Zacatecoluca se negoció la presentación de carpetas técnicas y órdenes de compra directas en las que particulares pagaron a los miembros del Consejo Municipal y al alcalde para que las compras fueran autorizadas, favoreciendo ilícitamente a los empresarios interesados.

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También se determinó que empresarios del transporte colectivo pagaron al Consejo Municipal de Zacatecoluca para que aprobara un acuerdo para afectar a la “competencia”, por lo que entregaron diferentes cantidades de dinero.

A su vez se estableció la participación de integrantes de la Policía Nacional Civil, quienes habrían recibido dádivas de los empresarios.

Por su parte, la fiscalía determinó que el alcalde de San Rafael Obrajuelo se habría apropiado de 900 quintales de maíz -que luego se vendieron a 9.900 dólares- que había recibido la población afectada por las tormentas Cristóbal, Amanda y Eta.