La Paz, Baja California Sur. Un grupo de trabajadoras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur (BCS) participó por segundo año consecutivo en las actividades de la manifestación contra la violencia hacia las mujeres del 8 de marzo.

Las manifestantes portaban pancartas que recordaban que llevan un año luchando por su causa sin respuesta y entrevistadas dejaron saber que luego de alzar la voz solo han vivido una situación más compleja a pesar de lo cual no pretenden detener sus expresiones.

“Me embaracé y no respetaron mi derecho a ser mamá”  dijo Perla Osuna, auxiliar del ministerio público tiene una denuncia ante el órgano interno de control de la Procuraduría por delito de ejercicio ilícito del servicio público contra quienes eran sus superiores.

“Estando embarazada hubo turnos forzados y otras presiones, llegue a tener una amenaza de aborto por el estrés provocado, por lo que se me dio una incapacidad y al reingresar me negaron regresar a mi área, me negaron días económicos” denunció la empleada.

“En los últimos tres años hemos tenido un embarazo cinco compañeras todas hemos tenido amenaza de aborto por la presión” relató.

Las cosas no mejoraron después de marchar exigiendo justicia el año pasado (Diario El Independiente 9 de marzo 2020).

“Los malos tratos, el abuso de autoridad se fueron manifestando, a mi compañera la cambiaron a Loreto, a mí al centro de mujeres, nos niegan vacaciones, nos niegan permisos”.

Las quejas son investigadas por el Órgano Interno de Control de la PGJE, que, a la fecha, no ha avanzado en torno a las carpetas de investigación generadas por la denuncia de Perla y otras compañeras.

Nancy Quintana, Agente del Ministerio Público participante en la manifestación expresó que “los hechos que se denunciaron en año pasado crecieron exponencialmente, se multiplicó la discriminación, el hostigamiento laboral y el maltrato verbal”.

“Nos vimos en la necesidad de iniciar esos procesos mediante el órgano de control cuyo titular es el Maestro Héctor Villareal Nogales, quien no nos ha dado una respuesta, la mayoría de los asuntos, con un año en una supuesta investigación”.

“Nos dimos la tarea de solicitar avances y no tiene absolutamente ninguna investigación realizada”.

“Son delitos cometidos, la discriminación, el abuso de autoridad y el ejercicio ilícito del servicio público”, este último apuntó que es un delito grave. “Nos han llegado a advertir que si participamos en este tipo de marchas habría consecuencias”, aun así, vencieron el miedo y se manifestaron.

Ambas hicieron un llamado de auxilio al Gobernador del Estado: “hemos agotado todas las instancias dentro y fuera de la institución, hacemos un llamado al Gobernador a que nos ayude queremos que nos ayude y pregunte qué es lo que está sucediendo con nuestras quejas”.