La Paz, Baja California Sur. Recientemente, al emitir una recomendación por uso indebido de la fuerza y de la seguridad jurídica por parte de corporaciones policiales estatales y del municipio de La Paz, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) recomendó la dotación de equipos de video que permitan evidenciar que las acciones de las corporaciones se apeguen a los principios de respeto de los derechos humanos. Sin embargo, el municipio de La Paz ya compró dichas cámaras desde el año pasado con recurso federal, y por razones poco claras se ha omitido la implementación de este mecanismo de evidencia.

La CEDH emitió recientemente la recomendación 01/2021, en la que acredita el uso indebido de la fuerza pública y la violación al derecho a la seguridad jurídica de una persona que, luego de ser detenida arbitrariamente en la vía pública, fue golpeada, lesionada por agentes de la Policía Estatal Preventiva y luego detenida en una comandancia de la Policía Municipal de La Paz.

La comisión propone una serie de recomendaciones a las corporaciones estatales y municipales, entre las cuales se solicita a las autoridades responsables que se lleve a cabo una investigación y, en su caso, de haber elementos, se inicie el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra del policía estatal que provocó daños a la persona que inició la queja.

Además de recomendar acciones de capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza a los integrantes de las corporaciones, la CEDH plantea que “se gestione ante la autoridad competente la dotación de equipos de videograbación para los Policías Estatales y Municipales”.

La recomendación plantea que ello “permitirá evidenciar que las acciones llevadas a cabo durante las labores de su competencia se han apegado a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.

Al menos la policía municipal ya adquirió, hace precisamente un año (Diario El Independiente 17 de marzo 201), equipo de punta para el seguimiento en video de las acciones policiales. De acuerdo con la información divulgada por el Ayuntamiento, en 2020 se entregaron 119 cámaras de solapa para los agentes municipales, adquiridas con recurso del fondo federal conocido como FORTASEG.

Aun así, a un año y contando de que se realizó esta importante inversión, las autoridades municipales no han sido capaces de operar el sistema de registro en video del trabajo de los agentes del orden.

Esto ya llamó la atención de algunos regidores en el ayuntamiento paceño, como constó en la trigésima sexta sesión de cabildo, celebrada en octubre pasado (Diario El Independiente 9 de octubre). En aquel entonces, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez mencionó el tema de las 119 cámaras de solapa para las y los agentes de la Policía Municipal de La Paz, que, junto con otras provisiones, representaban lo que llamó “el mayor equipamiento del que se tenga historia en la dirección de seguridad de La Paz”.

En aquella sesión de cabildo, Muñoz Álvarez aseguró que el retraso en la aplicación del sistema de monitoreo en video de las acciones policiacas se debía a que el proveedor no había incluido el sistema de operación del equipo. A la fecha, los agentes del orden en la capital del estado siguen sin usar sus cámaras de solapa de última generación.