La Paz, Baja California Sur. Casi medio millar de mujeres se dio cita desde el mediodía hasta casi la caída del sol a las afueras de la sede del Gobierno de Baja California Sur (BCS) exigiendo por igualdad, acciones contra la violencia y a favor de la libertad reproductiva de las mujeres en el marco del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo.

Exigieron sobre todo seguridad para vivir y libertad para decidir sobre la salud reproductiva, las colectivas organizadoras del plantón, que se celebró bajo el mismo tenor en San José del Cabo (SJC), Cabo San Lucas (CSL) y Ciudad Constitución, mismo que contó con la presencia de familiares de las víctimas de feminicidio, y violencia contra las mujeres.

Ahí reiteraron su exigencia a las autoridades por acciones efectivas, Asamblea Estatal de Mujeres para conseguir justicia para las cinco víctimas de feminicidio en 2020 y las tres que van en este año. Una de las oradoras al pedir justicia para una víctima de feminicidio expresó: “a las autoridades pedimos: rompan el pacto”, provocando la reacción general de la audiencia.

“Señor gobernador solicitamos su intervención” coreaba el contingente pidiendo seguido de consignas como “aborto seguro ya”, y quizá mil veces: “justicia”, simple y llana.

“No se han reconocido los feminicidios de este año, el año pasado se registraron cuatro, pero fueron cinco, es una cuestión que deberían de tratar a través de un banco de datos de la violencia contra las mujeres”.

Además de la violencia feminicidio, las integrantes de la Asamblea expresaron que en el estado se necesita un banco de datos que muestre de manera desagregada la violencia en distintos ámbitos, “No hay datos de violencia digital, de acoso, solo los datos que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pero no hay datos locales sobre las formas por lo que solo sabemos las cosas de manera muy generalizada”, expresaron.

En un pronunciamiento, la Asamblea expresó que sus peticiones son el alto a la violencia feminicidio en el país, actuación efectiva del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, aplicación efectiva de las Leyes General y Estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, eficiencia en los procesos de protección para víctimas de violencia de género, física, psicológica y virtual.

También pidieron la implementación del programa de cultura institucional para la igualdad y del Programa de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, otorgamiento de un presupuesto para la aplicación de dichas leyes y programas, plantearon iniciar los trabajos para la creación de un marco jurídico sobre acoso callejero.

Garantizar que el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes GEPEA sea efectivo y utilice los recursos dirigidos para su objetivo. Transparencia del trabajo del cuerpo judicial, policiaco y burocrático, así́ como capacitación en temas de género y derechos humanos, para evitar la revictimización de las mujeres, jóvenes y niñas que deciden denunciar a sus agresores. Fin a la impunidad a hechos de violencia de género, garantías de no repetición, justicia rápida y expedita, así como reparación del daño. Se sumaron al llamado nacional de atención inmediata a la Alerta de Género emitidas en diversos municipios de 13 estados de la República. “Demandamos la implementación de acciones que respondan a nuestras particularidades como mujeres. Basta de pagar impuestos por artículos básicos para las mujeres”.

El respeto a los espacios y al accionar político, social y laboral, dijeron no a la criminalización de las distintas voces feministas autónomas y disidentes. “Queremos marchar libres y sin violencia”.

“Hacemos un llamado puntual al Congreso del Estado de Baja California Sur en donde han mostrado que sus decisiones están regidas por sus creencias religiosas atentando contra nuestros derechos humanos. A ustedes, así como a todos los partidos políticos, a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes, les exigimos el total respeto al estado laico, y les recordamos el principio de progresividad de los derechos humanos” expresaron.

Al solicitar a los legisladores el reconocimiento absoluto a la observación general número 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación a la interrupción voluntaria del embarazo pidieron también al poder legislativo despenalizar el acceso libre, seguro y gratuito al aborto voluntario antes de las 12 semanas de gestación en cualquiera de sus causales. Y un alto a la violencia obstétrica y a la objeción de conciencia.