CIUDAD DE MÉXICO.-Nuestro artículo 25 Constitucional, dispone que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, la cual debe llevarse a cabo mediante la “…competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza…”. El mismo dispositivo indica que la competitividad es el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Esta rectoría del Estado, supone por tanto, el fortalecimiento de organizaciones e instituciones gubernamentales; y, por el otro lado, está llamada a promover y garantizar la libre participación de los privados en las actividades económicas no reservadas en exclusiva al Estado.

Es una realidad que la creciente diversidad de la sociedad y sus intereses, la situación económica, la aldea global en la que inevitablemente vivimos, comprobada hoy más que nunca, por la pandemia mundial; son tan sólo algunos factores que influyen directamente en la posición y actividad del Estado para alcanzar sus tradicionales objetivos de bienestar social y bien común. A la diversificación de los fines del Estado, le sigue el crecimiento en importancia e intensidad de su actividad económica, ya sea para orientar, fomentar o, inclusive, generar mayor riqueza. Esa es precisamente la razón por la cual, nuestro texto constitucional señala claramente la libre concurrencia y la competitividad como factores pilares del desarrollo económico y rectoría del Estado.

Este papel estatal de rectoría debe considerar también la regulación, la cual es necesario que comprenda la diversidad, complejidad y dinamismo de los intereses sociales y las necesidades de desarrollo y bienestar económico y social. Por tanto, el Estado debe definir en qué materias regular y cómo hacerlo adecuada, pero también suficientemente. A esto debemos sumar que los mecanismos de control no sólo provienen de la regulación estatal. En efecto, el control en la implantación de políticas y en las diversas actividades sociales e incluso económicas; están sujetas a nuevos factores, más democráticos, con controles sociales e incluso representativos o mediáticos, que deberán fortalecer la adecuada regulación estatal. Como muestra: las redes sociales, que cada vez más y más actúan como un factor de vigilancia, control y a veces, de organización para la participación en la vida pública de nuestro país.

Por lo tanto, no sólo es el gobierno quien debe sufrir una transformación. Sin lugar a dudas, los sectores que componemos la sociedad, debemos aprender a participar más activamente y por mejores vías en la construcción de un Estado que pueda traer bienestar para todos.

Recientemente presenciamos el Parlamento Abierto con motivo de la Iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, organizado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Perfecto ejemplo de ejercicio participativo, plural y de encuentro de opiniones técnicas, jurídicas y políticas. A ello, siguió la aprobación de la iniciativa y su discusión en el Senado, en donde se dio votación al dictamen, sin celebrar un nuevo Parlamento Abierto.

La realidad del país exige un nivel de discusión que esté a la altura de la complejidad de las materias que se abordan.  Enfrentamos situaciones sin precedentes, como la tormenta gélida que atacó a nuestro vecino del Norte y que dejó ver nuestra necesaria interdependencia en materia energética, así como el estado real de la infraestructura para el almacenamiento de hidrocarburos y la urgente necesidad de contar con un plan de emergencia oportunamente aplicado. No es el único caso, pero éste impactó a millones de mexicanos que en un solo día enfrentaron el apagón de luz y de telecomunicaciones; junto con la misma onda helada que provocó la alerta crítica de gas natural.layvolume00:16/01:04TruvidfullScreen

Por esto, es inaplazable analizar a profundidad las recientes políticas públicas en el sector energético: las rondas petroleras, que son también para explorar y producir gas; el impulso a la infraestructura de almacenamiento de combustibles y también de energía eléctrica; los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; el papel real que jugarán las energías renovables, los pasos hacia un medio ambiente más limpio y sustentable, así como la libre competencia en la generación de electricidad; el acceso no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión, el despacho económico, la obtención de mejores condiciones para el Estado –y para todos los mexicanos-; todo lo que nos permita diversificar nuestra matriz energética.  Ahí está la verdadera soberanía energética. 

Aspiramos a una legislación que garantice la certidumbre y seguridad jurídicas y que, además, impulse la generación de electricidad en las mejores condiciones, respetando en todo momento nuestro derecho humano a un medio ambiente sano y sustentable. La opinión de la COFECE sobre la mencionada iniciativa de reforma a la LIE, nos hace pensar que no sólo es posible, sino que es un mandato constitucional y, por tanto, es deber de los órganos judiciales competentes, salvaguardar y proteger. Corresponderá a los ciudadanos, mexicanas y mexicanos, organizaciones civiles, colectivos, personas físicas y morales, levantar la mano y hacer valer estas garantías, previstas en nuestra Carta Magna.

Pero la Constitución también provee un espacio para el arreglo institucional, la división competencial de nuestras autoridades y su marco de actuación. En este universo encontramos la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Por tanto, la atención y discusión sobre el alcance de la Ley de la Industria Eléctrica, las acciones implementadas para alcanzar sus objetivos, deben tomar en consideración, dichas actividades encomendadas exclusivamente a la Nación, a través de sus empresas productivas del Estado, también elevadas a nivel constitucional. Una planeación adecuada sobre las inversiones y siguientes pasos en materia de transmisión y distribución de la electricidad, serían un buen punto de partida para evaluar las medidas derivadas de la Ley de la Industria Eléctrica. La estructura constitucional y legal planteada en el actual modelo energético, le permite tanto al sector privado, como al público, un sinfín de oportunidades valiosas, de herramientas que aún están desarrollándose, y que nos darían elementos suficientes para sostener el futuro de corto, mediano y largo plazo.  Después de la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, aún quedan por definir, desde la cancha administrativa, el desarrollo de nuestra seguridad y soberanía energéticas, si podemos encaminarnos al fortalecimiento de nuestras redes de transmisión y distribución eléctrica, a partir de una adecuada planeación del sector eléctrico nacional.