La Paz, Baja California Sur. El alcalde de Comondú, Walter Valenzuela Acosta, quien ha venido capoteando una administración municipal gravemente afectada en sus finanzas, consideró que la actual Ley de Coordinación Fiscal, conocida como Ley Mendoza, le ha impedido conseguir recursos propios al Ayuntamiento, pues el Estado le envía menos dinero del que necesita el Ayuntamiento inclusive para pagar la nómina.

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado, que atrae distintas percepciones de los ayuntamientos hacia las arcas estatales, afectó a tal grado a la administración de los municipios que, por ejemplo, la tesorería de Comondú simplemente no se da a abasto para pagar la nómina, comprar vehículos o mejorar la operatividad del municipio.

Las reformas a Ley de Coordinación fueron aprobadas por la XIV Legislatura, en 2015, durante los primeros años de la actual administración estatal. La Ley Mendoza transfirió al Gobierno del Estado la facultad para cobrar servicios como control vehicular, el registro civil, el registro público de la propiedad y del comercio, entre otros derechos.

A partir de dicha reforma, la Ley Mendoza estableció una fórmula para aplicar un reparto de “equitativo” de los recursos a los gobiernos municipales, con el fin de reintegrar los recursos captados por cada uno de ellos.

“Me mandan 5 millones para pagar 14 de nómina”, expresó Valenzuela Acosta entrevistado por un medio de circulación nacional sobre la insostenibilidad financiera que viene arrastrando su administración desde el arranque, y que llevó a un estallamiento laboral que continúa desde diciembre del año pasado.

A partir del nuevo marco de coordinación fiscal, el retorno de dichos recursos se da en función de la captación que se tenga en cada uno de los rubros y el municipio del cual se trate, pero, desde luego, el Gobierno del Estado se queda con su porcentaje. El objetivo de dicha reforma era mejorar la recaudación y con los buenos resultados verse beneficiados a la hora que la federación asignara el Ramo 28 de recursos federales para los municipios.

Mientras la estrepitosa caída del Producto Interno Bruto (PIB) estatal no ha permitido que las participaciones federales aumenten, así que la Ley Mendoza ha descalabrado las finanzas de todos los municipios (Diario El Independiente 10 de septiembre 2020), padeciendo la forma en que se lesionó su autonomía financiera.

“Es algo que se ha visto durante mucho tiempo, súmele que nos retiraron el registro público, tránsito, registro civil, que pasa al estado por una Ley de Coordinación Fiscal para aumentar la recaudación, pero afecta los ingresos propios; de la federación una quincena nos llega 10 para pagar 28, en cierre de año nos llegaron 9 millones para pagar 80”, expresó Valenzuela Acosta, quien asegura que el municipio ha recibido menos recursos a partir de la aprobación de dicha ley.

“Además tomé Comondú con una deuda de 650 millones […] Desde 2019 no recibo ni un solo peso de recurso extraordinario; hemos recibido 200 millones menos que en la administración actual, por muy buen administrador que fuéramos no podemos […], no nos alcanza: si alguien tiene la varita mágica que nos diga”, concluyó el alcalde.