A partir de la firma del convenio con el gobierno estatal, no podemos acceder a la suma total de nuestros ahorros: Asociación de Jubilados.
La Paz, Baja California Sur. Tras acordar un convenio para pagar la llamada “deuda histórica del ISSSTE”, el gobierno sudcaliforniano ha afectado la disponibilidad de los ahorros para el retiro del personal jubilado, ya que, de acuerdo con Marco Antonio Olachea González, representante de la asociación “3 de Junio del 2007”, que agrupa a jubilados y pensionados del estado tras la firma de dicho documento, no es posible para los trabajadores tener acceso directo a los recursos que ahorraron por año al servicio del estado, y afirmó que preparan acciones legales contra la ilegalidad de dicho convenio.
Entrevistado en las afueras del Gobierno del Estado, donde organizaron un mitin, los jubilados agrupados en dicha asociación expresaron a través de Olachea González que en este convenio “hay un rubro de cesantía y vejez” y que “desde el 2013, en el gobierno de Marcos Covarrubias”, solicitaron “la reposición de esos recursos que no se pagaban del 2008 a esa fecha, y cuando ingresa el nuevo gobernador, Carlos Mendoza, hicimos lo propio ya constituidos como asociación”.
“Pero tenemos un gobierno de puertas cerradas, nos atienden mandos medios que no soluciona nada. Hicimos ver que nos debían este dinero y fuimos a México, donde nos atendió el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, y nos dijo que vendría al estado para firmar un convenio […] El convenio se firmó el 2 de diciembre del 2019, un mes después de estar con él en México, fuimos los únicos en buscar una solución. Asiste Ramírez Pineda, firma el convenio con Mendoza Davis en presencia del entonces secretario de educación Héctor Jiménez y el traidor (sic) del SNTE, Nicolás Gutiérrez, quienes avalaron el convenio”, recordó Olachea González, para informar que las cláusulas de dicho convenio jamás se consultaron con la base trabajadora.
El líder de los jubilados dijo saber que “se les deben más de 1 300 millones de pesos a 9 mil trabajadores de la educación, pero también se le debe a la burocracia”, afirmó.
Antes de la firma del convenio, recordó, “la organización hizo los reclamos pertinentes y logramos rescatar para 300 compañeros el monto total de lo que se adeudaba e íbamos por más compañeros, pero ahora nos pagan en abonos […] Tenemos derecho a acceder a nuestro ahorro total en una sola emisión, así lo dice la ley, no establece que nos vayan a pagar en abonos, entonces para ello, desde ahorita, como trabajadores, decimos que no aceptamos este convenio desde que se firmó y vamos tratar de iniciar una demanda de tipo jurídico para echarlo abajo, para revocar este convenio […] No podemos justificar que un gobernador que no está dando solución a lo que por derecho nos corresponde, ya se vaya y va a dejar el problema al que sigue; el gobernador que vaya a ser electo en el estado tendría que auditar y determinar a través de la vía judicial las sanciones para la gente que resulte implicada”, finalizó Olachea González.