La Paz, Baja California Sur. La Cámara de Diputados aprobó ayer el marco regulatorio para el consumo lúdico de cannabis en el país. Los diputados sudcalifornianos del Partido del Trabajo (PT) Ruth García Grande y Alfredo Porras Domínguez votaron a favor de la legislación, mientras que el diputado panista Rigoberto Mares Aguilar votó en contra.

Durante la discusión, García Grande pidió que el objeto de la ley aprobada incluya explícitamente mencionar que el instrumento que regulará el consumo de la planta psicoactiva especifique que su objetivo no sólo es para prevenir y promover un consumo responsable, sino también para ofrecer tratamiento ante el “consumo problemático” de la planta. La legisladora exigió que se legisle en la materia, “pero que se legisle con responsabilidad”. Así, tras su aprobación en lo particular, la diputada del PT planteó ante el pleno sus reservas:

“Conocemos de cerca el fenómeno, el cáncer que es que alguien de nuestras familias esté en la farmacodependencia, e inclusive cuando hemos recogido a un hermano por suicidio secundario a su ingesta inmoderada”, expresó. “Sí legislar, pero con responsabilidad”, expresó al votar después a favor en lo general.

“La minuta de origen lo establecía, debe conservarse el verbo rector de la propuesta, la regulación del cannabis […] Bajo el enfoque de salud pública debe tener la finalidad y así debe expresarse, de prevenir y combatir las consecuencias del consumo problemático, contribuir a la preservación de la paz y seguridad, así como al bienestar del individuo”, pidió la diputada federal.

Asimismo, solicitó que el artículo primero de la nueva ley plantee que “el tratamiento debe ser una obligación de coadyuvancia”.

“Vemos casos todos los días donde en nuestro México vemos personas que, bajo el efecto de la droga, deambulan por las calles sin que haya una instancia que regule oficialmente y se pueda hacer cargo de ellos”, planteó García Grande, para añadir que el tratamiento ayudará “a muchos padres que actualmente están viviendo este infierno con sus hijos y no tienen a dónde acudir para ese tratamiento adecuado con una visión de reinserción social”.

Igualmente, planteó que, “en la generación de políticas públicas para la atención a la salud de las personas consumidoras de cannabis psicoactivo, se establezca como una obligatoriedad que entre las políticas públicas esté la de procurar la reinserción social con respecto a la dignidad humana”. Este tipo de expresiones, al constar en el cuerpo normativo, generará certeza “en cuanto a las acciones de las autoridades que estamos señalando como competentes”, expresó García Grande.

El diputado Mares Aguilar votó contra la ley y sostuvo: “Morena no escucha razones. Hoy presenta un dictamen que no va a eliminar el mercado ilegal de cannabis ni contribuirá a la pacificación del país […] El dictamen no tiene medidas preventivas reales que eviten el aumento de adicciones. Por eso mi voto en contra”, añadió.

Las reservas de los diputados fueron aprobadas sin discusión. La reforma que creó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis adiciona disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Ahora, la ley ha sido turnada para su publicación.