La Paz, Baja California Sur. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Elías Camargo Cárdenas, informó que la mayoría de las quejas que son investigadas por el órgano público descentralizado van dirigidas a corporaciones de seguridad y de procuración de justicia tanto estatales como municipales. En el contexto de dos recomendaciones emitidas este año por uso indebido de la fuerza pública, consideró que la aplicación de tecnología y capacitación pudo haber sido la diferencia en estos casos, y los que se acumulen.

La CEDH emitió recientemente dos recomendaciones (01/2021 y 02/2021) que fueron remitidas a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito que comandan las Policías Municipales, tanto de La Paz como de Mulegé, por dos hechos donde se dieron actos que no se apegan a la Ley Federal del Uso de la Fuerza, provocando que una persona perdió la vida y otra resultó con lesiones que lo llevaron al hospital.

Entrevistado al respecto, Camargo Cárdenas dejó saber que, mientras estas dos quejas en particular terminaron en recomendaciones hacia las autoridades competentes, “la mayoría de las quejas que recibe esta comisión debido a posibles violaciones de los derechos humanos van dirigidas a las corporaciones del estado”.

En ambas recomendaciones la CEDH, además de indicar investigaciones para determinar responsabilidades, urgió a las corporaciones remitidas a implementar acciones de capacitación en materia de derechos humanos y uso correcto de la fuerza por parte de los agentes del orden.

Mientras la CEDH solicitó que se le informe sobre las acciones para capacitar a las fuerzas públicas de las instancias recomendadas, el Ombudsman sudcaliforniano destacó que la Policía Estatal Preventiva no cuenta con un protocolo para el uso de la fuerza, por lo que ha solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública emita y aplique dicha información. En ambos casos, sobre las acciones de las policías estatal y municipal, se carece de documentos que evidencien la actuación de los policías.

Casos como el de Gerardo Martínez García, quien, por dichos de las versiones orales de los policías municipales involucrados, se sabe que tropezó esposado al interior de los separos de Guerrero Negro y se golpeó la nuca contra el suelo para nunca más recobrar la conciencia; o el de un conductor de grúa que fue golpeado hasta ser enviado al hospital por Policías Estatales, luego de “pasarse un alto” en la capital del estado (Diario El Independiente, 8 de marzo 2021), evidencian, dijo Camargo Cárdenas, “la necesidad de aplicación de medios tecnológicos para contar con información que sería crucial para determinar responsabilidades”.

En las dos recomendaciones mencionadas, la CEDH indica la adquisición de tecnología para videograbar instalaciones policíacas, “también la portación de cámaras personales por parte de los agentes, pues permitiría dar cuenta de sus acciones de manera que daría seguridad de las acciones de los agentes de la ley en todo momento”.