La Paz, Baja California Sur. En lo que va del año, al menos dos corporaciones municipales, la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) han recibido recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), resultado de quejas por prácticas como privación ilegal de la libertad, uso indebido de la fuerza y otras acciones que han violentado las garantías universales de los ciudadanos.

Las más reciente es la recomendación 02/2021, sobre el caso de violación al derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, al debido proceso y violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, derivado de la detención y fallecimiento de Gerardo “N” el 31 de diciembre de 2020, en Guerrero Negro. De acuerdo con la recomendación, ahora se sabe la causa de la muerte: Dos policías municipales ingresaron al detenido a la barandilla de la comandancia de aquella delegación y, transcurridos tres minutos, sale uno de ellos a informar que la persona detenida “se tropezó y murió”. La recomendación revisa materiales de los dictámenes de necropsia que evidencian “las heridas que provocan la muerte de la persona”.

El 1 de enero de 2021, la hermana del fallecido presento denuncia penal y, posteriormente, queja ante la CEDH por probables actos violatorios de derechos humanos cometidos en perjuicio de su hermano Gerardo “N” por agentes de la policía municipal de Guerrero Negro.

Tras un análisis minucioso, la CEDH determinó que la Policía Municipal de Mulegé violó los derechos de presunción de inocencia, integridad y seguridad personal, así como señaló que, por su parte, la PGJE transgredió el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración en la carpeta de investigación relativa a este caso.

La CEDH también emitió la recomendación 01/2021 por un caso de uso de fuerza pública de forma arbitraria por elementos de PEP adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal de La Paz. Esta primera recomendación fue por el “uso de la fuerza pública de forma arbitraria” contra el conductor de una grúa, a quien esposaron, golpearon y detuvieron arbitrariamente sin que se pudiera acreditar ninguna falta.

Las recomendaciones indican a la Policía Municipal de Mulegé implementar capacitación para los policías para prevenir la violación de derechos humanos en la detención de personas; que se contrate un médico legista y se instalen equipos de videograbación en las oficinas y celdas de la policía municipal; así como que se continúe con el trámite de la investigación y el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos responsables.

Asimismo, se recomendó a la PGJE que continúe y concluya con la investigación en contra de los servidores públicos responsables, que garantice los derechos de las víctimas e implemente un Registro Estatal de Víctimas y brinde la reparación integral del daño a las víctimas del caso de Gerardo.

A la PEP se le recomienda iniciar una investigación contra los agentes responsables, así como la implementación de protocolos para el uso de la fuerza dentro de esta corporación, así como a la Policía Municipal de La Paz además se le recomienda otorgar el derecho de audiencia a las víctimas sujetas a detención.