La Paz, Baja California Sur. Judith Hernández, madre de Analuisa, la joven trabajadora universitaria asesinada en su vivienda a finales del año pasado en condiciones que aún no han sido aclaradas por las autoridades, formó parte del plantó con relación a las expresiones relativas al paro de mujeres del ocho de marzo donde dijo que la inacción de las autoridades les hace cómplices de la muerte de su hija.

“El día de ayer se cumplieron dos meses de la ausencia de mi hija” expresó la señora Judith frente a las mujeres reunidas a las afueras del Gobierno del Estado.

“Dos veces de no ver siquiera un solo avance en el caso de ser re victimizadas, de padecer la indiferencia del Gobernador y el Procurador del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, Daniel de la Rosa Anaya y la incompetencia de los funcionarios que se encuentran en las instituciones que están a su cargo”, indicó.

Dijo que el asesinato de su hija está enmarcado en un robo “a pesar de que se encontró el cuerpo con signos de violencia, los Ministerios Públicos, incumplieron el protocolo de investigación por el delito de feminicidio, en el cual se dice que toda muerte violenta de una mujer debe ser clasificada como feminicidio, en su lugar la carpeta de investigación fue consignada como un homicidio doloso”.

“Que sea reclasificado como lo que fue: un feminicidio y se investigue como tal”, exigió acompañada de un clamor general de justicia.

Explicó que al no ser reconocido como feminicidio, tampoco la investigación ha considerado las líneas de investigaciones que tienen que ver razones de género, lo cual al decir de la madre de Ana Luisa “ha entorpecido las investigaciones y abona a la impunidad”.

“Al incumplir sus obligaciones la autoridad actúa como cómplice del feminicidio de Ana Luisa”, advirtió.

“Autoridad, rompa el pacto patriarcal con los feminicidas, y la sociedad, deja de encubrir feminicidas”, llamó.´

Así, la familia exigió justicia para Ana Luisa planteando a las autoridades cinco acciones:

(1) Reclasificación del delito como feminicidio, (2) cumplimiento al protocolo de investigación del delito de feminicidio y capacitación para todo el personal de la Procuraduría y los institutos estatal y municipal de las mujeres.

También la (3) operación real de la Fiscalía para la Atención de delitos cometidos contra mujeres, (4) Avance en las investigaciones con una sentencia condenatoria privativa de la libertad y (5) que los funcionarios dejen de revictimizar a los familiares, actuando con simpatía hacia quienes enfrentan esa dolorosa pérdida.

“Por la impunidad y la injusticia cometida contra Analuisa, su familia somos víctimas indirectas de su feminicidio”, expresó.

“A dos meses de su pérdida seguimos luchando por justicia y puedo decir que ya nada me calla, ya todo me sobra”.

“Que sepan: nunca volverán a tener la comodidad de nuestro silencio, no descansaremos hasta obtener justicia”, finalizó.