San José del Cabo, Baja California Sur. A través de las redes sociales, la misma sociedad civil organizada se encuentra solicitando que la Guardia Nacional (GN) indague e inicie el proceso legal correspondiente contra los diversos actores públicos que contribuyeron a la privatización de los espacios de litorales en Cabo del Este.

“La Guardia Nacional tendrá un análisis jurídico del diagnóstico que prevalece en toda la zona costera  de Cabo del Este del Municipio de los Cabos, en donde los terrenos ganados al mar, zona federal marítima terrestre y playas aparecen "privatizados", con cercos y mallas”, puntualizan.

Asimismo, afirmaron que serán señalados todos los servidores públicos municipales del Ayuntamiento de Los Cabos y federales que tienen responsabilidades en la zona, para que, por medio de la Guardia Nacional como garante del derecho y de la constitución, se tomen cartas en el asunto y  pongan en conocimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, Fiscalía General de la República (FGR) y otras dependencias gubernamentales.

“Esto es producto de gobiernos municipales corruptos como el de Arturo del Rosa y la problemática del cercamiento perimetral que prevalece contiguo al camino costero en la zona de Punta Gorda en donde la zona federal marítima terrestre se encuentra "Privatizados", por el Fideicomiso 176 no ha sido erradicada por el gobierno Morenista”. 

De igual manera, señalaron que es hora, de que el actual Ayuntamiento de Los Cabos y su gobierno, no ha dejado de ser omiso en garantizar como autoridad en materia de Desarrollo Urbano los principios de protección y progresividad del espacio público en el área de Punta Gorda, lo cual, se encuentra establecidos en los artículos 4, 5, 74 y 75 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Para finalizar, recordaron que una de las funciones que le corresponde a los Ayuntamientos en términos del artículo 11 es, regular, controlar y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentren dentro del municipio, urbanizables por disposición contenidas en leyes de carácter federal, así como el de imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios en términos  de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.